Más de tres años y medio después, el estado español que los encerró injustamente entre rejas para salvaguardar la unidad de España y les condenó a un centenar de años de cárcel, dejará en libertad, este miércoles a las 12 del mediodía, a los nueve presos políticos independentistas, que abandonarán para no volver el recinto penitenciario, Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses, tras el indulto del Gobierno de Pedro Sánchez. Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa recuperarán la libertad arrebatada. Lo harán al día siguiente de que el Consejo de Europa, en una votación clarificadora y humillante para la justicia española, aprobara un informe, por muy amplia mayoría, en el que pedía la libertad de los presos políticos, la retirada de las euroórdenes de los políticos exiliados y el fin de la represión del independentismo.

Nueve personas a las que se les ha privado, en conjunto, de unos 12.000 días de libertad, volverán a estar con sus familias y sus amigos, podrán volver al trabajo y hacer vida normal, poniendo punto y final a una pesadilla tan injusta como inhumana. El Estado español no demuestra con este indulto su grandeza y su altura de miras sino, al contrario, la fragilidad de su armazón institucional. No hay generosidad alguna, sino imposición europea condicionada a las ayudas europeas. Hacía tiempo que la canciller Angela Merkel había dicho en más de una conversación que esta situación no podía continuar.

Pedro Sánchez y Felipe VI estamparán su firma en los nueve decretos de indultos que se publicarán inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado, pero ni los presos, ni sus familias, ni el independentismo está en deuda con ninguno de ellos. Ni la convicción de que el Partido Popular no hubiera nunca aprobado los indultos, cosa que sí ha hecho el PSOE, exime a los socialistas y a Sánchez de su responsabilidad en aquel octubre de 2017 apoyando la violencia policial y propiciando la suspensión de la autonomía que dió paso a la prisión, al exilio y a la represión. De hecho, los presos políticos catalanes han estado más tiempo en prisión con Pedro Sánchez y Carmen Calvo en la Moncloa que con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

El indulto elimina las penas pendientes por sedición y malversación y mantiene las de inhabilitación, lo que, en la práctica, les impide desempeñar un cargo institucional o concurrir a unas elecciones. En la letra pequeña, el Gobierno se reserva una carta: cualquiera de los indultados volvería a prisión si reincidieran en un plazo que va, según los indultados, de tres a seis años. Un cartucho por si el Ho tornarem a fer pasara, en el caso de alguno de ellos, de ser una reivindicación verbal a una acción real.

Sánchez ha seguido el camino que le ha marcado Europa, como su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero también lo siguió en 2010 cuando Bruselas le impuso un draconiano recorte social para reducir el déficit público. Europa ha marcado el rumbo y Sánchez, maniatado por una mayoría insuficiente en el Congreso si no daba el paso, inicia una nueva legislatura con el contador a cero. Del independentismo depende ahora que se produzca el retorno de los exiliados y el fin de la represión con más de 3.000 afectados, ya que sus votos decidirán la convocatoria o no de elecciones anticipadas. La mesa de diálogo puede ser un party festivo o una mesa de negociación con amnistia y autodeterminación. El poder lo tiene Madrid pero las buenas cartas son del Govern siempre que no las malgaste.