Las actas de la banda terrorista ETA conocidas ahora e incautadas en 2008 a Javier López Peña alias "Thierry", uno de los responsables de la organización en aquella época, ha permitido conocer como el estado español había seguido negociando, incluso en los momentos que más dura era la presión social para que no lo hiciera. En concreto, con José Luís Rodríguez Zapatero en la Moncloa y tras el atentado de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006, en el que dos personas resultaron muertas. Zapatero y el gobierno socialista mantuvieron un canal abierto con ETA y emisarios gubernamentales abordaron, al menos, como se presentaban a las municipales del mes de mayo de 2007, tan solo cinco meses después del atentado de Barajas.
Es bueno saber estas informaciones y valorarlas: una cosa es el ruido mediático y otra los pasos que discretamente se intentan dar. ZP siempre tuvo entre ceja y ceja encarrilar el tema de ETA y la presión política y mediática para que no hiciera nada fue enorme. La discreción le ayudó y, por el contrario, el nuevo Estatuto catalán se despeñó río abajo, hasta cepillárselo primero en el Congreso de los Diputados y desplumarlo del todo en el Tribunal Constitucional. Mucho ha llovido desde entonces y dos inquilinos más, Rajoy y Sánchez, han ocupado la Moncloa. Encontrar una solución al problema catalán nunca ha sido la prioridad de ningún presidente de gobierno español desde Suárez, que restituyó a Tarradellas desde el exilio francés.
El pacífico proceso catalán ha encontrado por parte del estado español represión policial, prisión y exilio. Todo menos el necesario diálogo que es exigible en cualquier conflicto. Pedro Sánchez y antes Mariano Rajoy han acabado tratando públicamente al independentismo catalán como si no hubiera un mañana en el que se tenga que volver a hablar. El primero por dejadez y el segundo por miopía. Cuesta de entender.