Primero fue el Ministerio de Hacienda bajo las órdenes de Cristóbal Montoro, del Partido Popular; ahora es el Ministerio de Hacienda comandado por María Jesús Montero, del PSOE, pero la conclusión siempre es la misma: no hubo delito de malversación en los preparativos y en el referéndum del 1 de octubre del 2017. Se han imputado una serie de gastos a la consulta del 1-O en conceptos varios vinculados fundamentalmente al Diplocat pero no alcanzan los 200.000 euros que la ley establece para que sean considerados malversación. Todo aparece muy detallado en un informe que Hacienda ha entregado al juzgado número 13 de Barcelona que inició la instrucción y que debería ser clave a la hora de que el Supremo y la fiscalía revisaran, llegado el momento, sus conclusiones.

No sorprende la posición del Ministerio de Hacienda, ya que parece muy extraño que lo que no vieron Mariano Rajoy y Montoro, pese a que lo buscaron sin descanso, lo descubrieran ahora los socialistas. En un país mínimamente serio, el informe debería ser ya un problema para la fiscalía y para el propio tribunal. A medida que pasan las semanas se van cayendo supuestos delitos y allá en el Supremo y en la Fiscalía General del Estado todo el mundo hace oídos sordos. Es evidente que a estas alturas los delitos de sedición y rebelión no se los cree ningún jurista mínimamente serio. Como no se lo creyeron los países europeos que tuvieron o tienen políticos catalanes exiliados y que una vez juzgados han quedado en libertad y las órdenes de extradición presentadas por España se han retirado.

No obstante, la causa general contra el independentismo sigue su curso sin atender a razones. Pero no por avanzar a ciegas se va a llegar a algún sitio que no sea el descrédito de las instituciones a nivel internacional y, en este caso, el del poder judicial, que tendrá dentro de unos años un revolcón espectacular si sigue por este camino. Todo eso, sin embargo, parece descontado con el cálculo de que cuando llegue el momento vaya usted a saber dónde estaremos todos. El Estado español hace tiempo que decidió pagar este coste y, por ello, también se mantiene contra toda lógica a los presos políticos catalanes en prisión provisional y en algún caso, como es el de los Jordis, habiendo superado la escalofriante cifra de los 400 días en la cárcel sin que se haya celebrado el juicio ni haya expectativas de que salgan en libertad antes de su celebración.

No sucederá nada de todo ello, pero no hay que dejar de insistir en dos puntos: los delitos de sedición y rebelión no existen y, por tanto, la causa debería volver al TSJC y a la vista que Hacienda también concluye que no hay malversación debería quedar solo para ser juzgado el de desobediencia. La causa inventada por la monarquía, el poder político español, la justicia y los medios de comunicación, queda como mucho en esto. Otra cosa es lo que se quiere llevar a cabo, y que se parece mucho más al Tribunal de Orden Público (TOP) que a lo que debiera ser la justicia actual.