Habrá que reconocerle al exconseller Francesc Homs una interesante línea de defensa jurídica por el caso del 9-N que se sustancia ante el Tribunal Supremo y que no deja de ser una pieza separada, en su condición de aforado, del que se ve en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el expresident Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau. El argumento de Homs es el siguiente: si los cuatro dirigentes independentistas se sientan en el banquillo de los acusados por desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué sucede con el incumplimiento de las 26 sentencias a favor de la Generalitat emitidas por el mismo tribunal  y que el Gobierno español tampoco ha respetado? De ahí la denuncia presentada ante la Fiscalía contra el presidente Mariano Rajoy por desacatar en la práctica las resoluciones del TC y la acusación de desobediencia y prevaricación. Es decir, los mismos delitos por los que se acusa a Mas, Ortega, Homs y Rigau.

No parece probable ni que sea admitida a trámite pero su objetivo final quizás tampoco es éste sino poner de relieve la línea argumental de los acusados: que son perseguidos por sus ideas y que hay un trato desigual por parte de los diferentes estamentos judiciales desde el TC, al Supremo o el TSJC y hasta la misma Fiscalía General del Estado. La farragosa batalla que se presenta en este caso como jurídica también lo es política -o es, sobre todo, política-  y mediática, ya que son muchos los frentes que hay abiertos. Así, por ejemplo, si el caso Santi Vidal aparecía en el epicentro de todas las batallas políticas en Catalunya el pasado jueves y la CUP aún podía tumbar aquel día los presupuestos de la Generalitat, cuarenta y ocho horas después cayó el sí a las cuentas de la Generalitat y el affaire Vidal ha tenido, por ahora, un recorrido limitado y sin más damnificados que el exsenador republicano.

Es más, el envite de Homs que, por otro lado, rompe, si existía, todo vínculo entre la vieja guardia del PDeCAT y el Gobierno del PP, coge el testigo informativo. O también, el artículo que ha publicado The New York Times de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una de sus páginas nobles de su primer cuadernillo y que lleva por título "Defender la libertad en Catalunya". Es obvio que por más que intente el Gobierno español sepultar la importancia que se concede en el extranjero al proceso catalán no está ganando la batalla. Ni tampoco es del agrado de la diplomacia española que un cargo electo como la presidenta del Parlament de Catalunya denuncie abiertamente cómo se impide la libertad de expresión en la Cámara catalana o cómo se persigue a los responsables independentistas y se judicializa la política en Catalunya, que es la mayor negativa a abordar una negociación política. El NYT no toma partido, pero en estos momentos el poderse explicar -cosa que no pasa en Madrid- ya es una victoria en toda la regla.