Como los ejemplos que se podrían detallar no cabrían en un artículo de las dimensiones que este comentario acostumbra a tener, me limitaré a citar tres de los sucedidos en los últimos seis días: el miércoles fueron detenidos, en el marco de la denominada Operación Volhov, Xavier Vendrell, David Madí i Oriol Soler junto una veintena de militantes o simpatizantes independentistas con causas judiciales aparentemente inconexas. La información que conocemos no justifica ni la detención, ni el montaje policial llevado a cabo, a menos que el objetivo no sea, como han denunciado algunos de los detenidos, hacer acopio de material informático suficiente y de los teléfonos móviles para investigaciones posteriores ya que no había hilos de los que tirar. El caso de uno de ellos, Josep Lluís Alay, colaborador de los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, que fue rápidamente puesto en libertad, es un ejemplo de este sospechoso operativo en el que el teléfono quedó custodiado para investigaciones por la Guardia Civil.

A partir del viernes se produce un salto cualitativo ya que se empiezan a filtrar conversaciones o informes a partir de grabaciones, supuestamente, de la Guardia Civil. Los hay, ciertamente, jugosos, aunque se desconoce si había mandato judicial para realizarlos ya que, por ahora, no ha sido ese el camino que supuestamente se ha seguido. En cualquier caso, parece un adelanto de cintas que no pasará mucho tiempo que podamos escuchar. Este lunes hay otra novedad judicial pero aunque los implicados son otros el objetivo de represión del mundo independentista es el mismo: la fiscalía intenta por otro camino que se revoque el tercer grado de la presidenta Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa. Ahora el caso salta del juez de Vigilancia Penitenciaria al Tribunal Supremo. La fiscalía que según Pedro Sánchez "ya se sabe quien la nombra", y, por tanto, de quien depende, o sea, PSOE y Podemos.

En los próximos días habrá más ejemplos de detenciones arbitrarias, violaciones de la intimidad personal y la vida privada convenientemente filtradas con conversaciones que no aportan nada a la causa judicial o nuevas medidas represivas del deep state, a veces a través de procedimientos legales y en otras ocasiones a través de las alcantarillas del Estado, que siguen actuando aunque algunos quieran pensar que no es así. Es un error dar por bueno este estado de cosas en que con apariencia de legalidad se vulneran una y otra vez derechos fundamentales en un intento cada vez menos disimulado de una causa general contra el independentismo.

La cuestión, llegado este punto, es hasta cuándo el movimiento seguirá mostrando a la opinión pública tantas fisuras, tanto desacuerdo, tanta enemistad, tantas discrepancias y tanto rencor por el simple hecho de militar en formaciones políticas diferentes. El adversario del independentismo no se muestra separado, ni discrepante, ni enemistado. Va unido en la causa fundamental, que no es otra que derrotarle al precio que sea, con las armas que haga falta y, finalmente, hacerse con el gobierno de Catalunya. Poner punto y final a una ilusión colectiva que arrancó en el otoño de 2012 y que hoy languidece entre el coronavirus y la división partidista por más que las encuestas sigan dando una y otra vez mayoría independentista en las próximas elecciones al Parlament.