La nueva jornada del paro de país ha demostrado sobre todo una cosa: que la protesta en Catalunya sigue viva y que la represión del Estado no va a devolver la normalidad que Madrid tanto ansía. Los contrarios al paro podrán acogerse a algunos datos estadísticos para infravalorar el resultado. Pero se equivocarán. La protesta triunfó en las dos cosas que perseguía: mantener activo en la calle el rechazo a la represión institucional que ha desmantelado la Generalitat y hacer evidente ante la comunidad internacional que el diálogo sigue siendo necesario y que la vía judicial no es la solución al problema catalán.
Dos servicios básicos para el normal funcionamiento de una sociedad como son los transportes y la educación, desde el parvulario a la universidad, sufrieron graves alteraciones durante toda la jornada. Las concentraciones multitudinarias que se celebraron por la mañana y por la tarde en centenares de ciudades y pueblos de Catalunya expresaron que no estamos ante una protesta pasajera sino que proseguirá hasta que el president Carles Puigdemont y cuatro de sus consellers puedan regresar libremente de Bruselas, el vicepresident Oriol Junqueras y los siete consellers abandonen la prisión y los dos Jordis, Sánchez y Cuixart, sean también excarcelados. Las protestas exigen así mismo que el artículo 155 sea suprimido para que Catalunya pueda recobrar con normalidad y plenitud sus instituciones.
Las semanas que han transcurrido desde el inicio de la represión del Estado y su evolución en Catalunya preocupa seriamente en Madrid, que había analizado de manera diferente, es decir, errónea, cual sería el resultado. Tanto es así, que los primeros síntomas de la inquietud llegan desde el mismo Gobierno, que trata de cobrar distancia de la decisión del fiscal general del Estado de encarcelar a medio Govern. La euforia de los primeros momentos de la Moncloa, PP, PSOE y Ciudadanos parece no ser tal -excepto en el caso de Albert Rivera- y ya se baraja en medios judiciales que el caso debería saltar de la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo.
¿Tantos días han necesitado para ello? Que la Audiencia no es competente para este caso es archisabido y que no hay delito de rebelión es una obviedad para la mayoría de los juristas que se han pronunciado al respecto. Pero aquí se trataba de dar un escarmiento al independentismo y nada más. Y ahora lo que sucede es que la imagen de España ha saltado por los aires y la respuesta catalana se está produciendo en demasiados frentes como para que se pueda atajar con facilidad.
Uno de los reproches que en un momento de este proceso se quiso lanzar a los independentistas es que los catalanes hacen cosas. Así es. Y otra constatación, demostrada a lo largo de años de manifestaciones pacíficas y multitudinarias, es que son muy persistentes. A estas alturas el gobierno de Mariano Rajoy debería haber tomado buena nota de la una y la otra.