Por segundo día consecutivo, los colegios e institutos de Catalunya se han visto alterados por la convocatoria de una huelga de seis días este mes de marzo, convocada por los sindicatos, entre otras razones, por la modificación del calendario escolar y la sentencia judicial que obliga a implementar obligatoriamente el 25% de las clases en castellano. La huelga, lejos de entrar en una vía de solución, se ha enquistado y no parece que la Conselleria d'Educació y los convocantes mantengan un diálogo que haga pensar en una rápida solución. Quizás por ello, los sindicatos ya han elevado el tiro de la persona con la que debatir sus demandas y han pedido directamente la mediación del president Pere Aragonès, del mismo partido que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, al que este lunes le han boicoteado la inauguración que tenía que realizar del Saló de l'Ensenyament.

Lo hemos dicho en más de una ocasión: a Educació le ha faltado cintura a la hora de negociar un acuerdo con los sindicatos que puede acabar imponiendo, pero que debe asumir que tendrá un enorme desgaste. El calendario escolar es una prioridad compartida por amplios sectores de la sociedad, pero ni mucho menos es una urgencia. No es una medida que por sí sola arregle los problemas que arrastra la educación y alguien se ha querido pasar de listo en un momento en que el agotamiento de los profesores es alto y el conjunto de la comunidad educativa aún arrastra los síntomas de la pandemia, que ha tenido un enorme impacto sobre el profesorado y que desde marzo de 2020 ha trastocado protocolos escolares, clases presenciales, asistencia de los alumnos así como cierres provisionales de aulas, bajas de profesores por el coronavirus y un agotamiento mental desconocido hasta la fecha.

De todo ello, no ha sido suficientemente sensible la administración, que ha trasladado la apariencia de que nada de ello había pasado y el curso 2022-2023 era un curso más. El más mínimo contacto con los profesores hubiera aconsejado dejar un año en medio en el que las cosas hubieran vuelto lentamente a su sitio, negociar sin tantas prisas un cambio de calendario y situarlo en el curso 2023-2024. Era casi de sentido común, de la misma manera que no es el momento para abordar alguna medida impopular con el personal sanitario, al que también se le ha exprimido al máximo con el covid-19. Todo eso, en política se tiene que saber y no hay que llevar la negociación sobre el calendario al límite y decir en el minuto cero que cualquier cambio será imposible.

Claro que hay margen para un acuerdo, ya que la segunda ola de huelgas será en la última semana de marzo y faltarán muchos días. Lo más preocupante es que si no se produce una variación significativa por parte de la administración, la huelga puede enquistarse con nuevas convocatorias de movilizaciones en una época tan complicada como es el final del curso escolar. Todo ello en un momento en que muchos docentes hablan abiertamente de la necesidad de rebajar la tensión y de su preocupación por la salud mental de sus alumnos, una situación desconocida y totalmente nueva para el profesorado y que les faltan herramientas para analizar y corregir. Resumiendo: menos hablar de diálogo y mucho más diálogo. Eso es lo que hace falta.