Salvador Illa ha superado, si utilizamos el argot del ciclismo, los tres puertos de montaña que tenía por delante tras el 12 de mayo, en que ganó las elecciones catalanas, y ahora, en bajada, se apresta a llegar vencedor a la meta. Primero, cerró un preacuerdo con la comisión negociadora de Esquerra; después, el partido liderado actualmente por Marta Rovira dio el sí tras una ejecutiva compleja y, finalmente, las bases republicanas han ratificado el preacuerdo en una votación importante en la que han participado más del 77% de la militancia y que ha arrojado el 53,5% de síes y el 44,8% de noes. Una diferencia que se acerca a los nueve puntos y, en consecuencia, muy clara a favor de que Illa sea el 133 president de la Generalitat. El proceso, a partir de ahora, será muy rápido y el primer secretario del PSC tendrá el debate de investidura, seguramente, el próximo miércoles.

El resultado de la votación refleja de una manera indiscutible el malestar en el seno de la organización por la gestión de los últimos tiempos. Solo así es comprensible que la intensa campaña de la ejecutiva en defensa del 'sí' haya recogido tan solo el 53,5%. Sobre todo cuando el 'no' ha carecido de una cabeza visible liderándolo, algo imprescindible —como todo el mundo sabe— para alcanzar cualquier objetivo. Desde ese punto de vista, el número de votos contrarios es muy meritorio y debería ser empleado por la dirección republicana para acentuar el control de un pacto político cuyo cumplimiento, todo el mundo lo sabe a estas alturas, va a ser muy difícil.

La dirección de ERC debería emplear el 'no' para acentuar el control del pacto y su cumplimiento, que va a ser muy difícil

A la vista del calendario que se refleja en el horizonte, y que permite pensar que entre el 10 y el 15 de agosto Salvador Illa puede haber tomado posesión ya de la presidencia de la Generalitat e incluso haber nombrado su primer gobierno, lo razonable sería que Esquerra Republicana adelantara sustancialmente el congreso del partido previsto para el 30 de noviembre y lo situara, incluso, en el mes de septiembre. No hay razones de peso para no hacerlo así y acabar con la inestabilidad que siempre supone una dirección en funciones. Sobre todo, cuando las decisiones que tendrán que ir adoptando tendrán, lógicamente, una mirada mucho más de futuro que de pasado.

Cuando se anuncie, el próximo lunes, la fecha oficial de la sesión de investidura para el miércoles, se empezarán a conocer detalles del retorno del president Carles Puigdemont desde su exilio de Waterloo, porque —como hace varios meses que se sabe— una cosa va ligada a la otra. Obviamente, no es el retorno soñado por la dirección de Junts, que confiaba candorosamente en hacerle president o ir a nuevas elecciones, y, además, se producirá con el Tribunal Supremo en abierta rebeldía respecto a la aplicación de la ley de amnistía, aprobada por las Cortes, refrendada por el rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Ello producirá una situación complicada y enrevesada a partes iguales, y con muy pocas horas de diferencia, entre la elección de Illa en el Parlament y la detención y entrada en prisión —Estremera o Soto del Real— de Puigdemont. Porque, a estas alturas, nadie cuenta con que el president en el exilio modifique su decisión, reiterada en múltiples ocasiones en estos últimos tiempos, por más que numerosos dirigentes del partido y de fuera de Junts le hayan pedido que retrase su vuelta.