Todos los guiones informativos que se habían hecho del retorno a Catalunya de Carles Puigdemont después de casi siete largos años de exilio y también sobre el calendario de la investidura del socialista Salvador Illa han saltado este jueves por  los aires. Puigdemont no ha sido detenido, al menos a la hora de redactar este artículo, por ninguna policía, ni española ni catalana. Illa tampoco ha tenido que esperar varios días para alcanzar la presidencia y desde hoy mismo ya se puede considerar el 133 president de la Generalitat, una vez el Parlament ha votado a favor de su candidatura por 68 votos a favor y 66 en contra, ya que Puigdemont no pudo votar presencialmente, con lo que hubieran sido 67. Solo un escaño, ciertamente. Pero suficiente para que el pacto alcanzado por el PSC con Marta Rovira (Esquerra) y Jéssica Albiach (Comuns) valga su peso en oro para sustituir a Pere Aragonès y ocupar el Palau de la Generalitat.

No recuerdo una investidura de un president de la Generalitat, al menos desde 1980, en que la noticia estuviera mucho más fuera de los muros del Parlament que en el mismo hemiciclo. La llegada a Barcelona de Carles Puigdemont el día de la investidura de Salvador Illa, como había prometido, su participación en un acto de bienvenida en el Arc de Triomf, frente a los despachos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y su misteriosa desaparición para evitar la detención, burlando el impresionante despliegue policial de los Mossos d'Esquadra, marcaron la información catalana de la jornada en un Estado español airado y enojado por la sorpresa y la evolución de los acontecimientos. Una irritación, compartida a partes iguales, por los medios de comunicación de Madrid, que habían dado por hecho que al final tendrían la foto del president en el exilio entrando en una prisión española.

Cierto que hubo tensión parlamentaria, con varias solicitudes, fracasadas, por parte de Junts per Catalunya para detener el desarrollo del pleno. Pero la petición de Albert Batet fue rechazada en dos ocasiones por la Mesa del Parlament y la junta de portavoces. Nada que ver, sin embargo, con la tensión que se vivió en los despachos de los Mossos d'Esquadra o en la cúpula judicial, sobre todo entre los magistrados Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo, que tiene emitida una orden de detención sobre el president en el exilio si pisaba territorio español, y Jesús María Barrientos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que tuvo a Puigdemont hablando desde una tribuna a los miles de personas que se habían reunido para recibirle y que mientras esperaba que se le notificara su detención lo que supo es que los Mossos le habían perdido la pista y se les había escapado. Puigdemont desistió de su intención de entrar al Parlament después de comprobar, en las inmediaciones del hemiciclo, que su acceso a la Cámara era del todo imposible y que si cruzaba el cordón policial sería impepinablemente detenido.

Lo que siguió después fue, en parte, un cierto despropósito y una gran sensación de impotencia policial. Se puso en marcha la denominada operación Jaula, que no aportó resultados factibles y sí una gran irritación ciudadana por el colapso que se generó en las carreteras, fruto del despliegue policial por lugares estratégicos del territorio, algo que no se recordaba desde los atentados de agosto de 2017. Se discutirá y mucho en los próximos días sobre dos cosas: ¿tiene sentido la acción de Carles Puigdemont? ¿Se ha acabado su exilio como pretendía? Respecto a la primera pregunta, la resistencia siempre tiene un valor político. Incluso en circunstancias tan complejas como las actuales. Ahora se pueden recuperar aquellas palabras que pronunció hace unos días, cuando aseguró que su retorno también tenía como objetivo hacer evidente que la represión continuaba en Catalunya.

No hay nada más evidente que la caótica jornada policial de este jueves como muestra de que la represión sigue

No creo que, hoy por hoy, nadie tenga ninguna duda y el ejemplo más claro ha sido el despliegue policial para tratar de detener un expresident de la Generalitat y actualmente diputado del Parlament. No hay nada más evidente que la caótica jornada policial de este jueves como muestra de que la represión sigue. La ley de amnistía no ha servido hasta la fecha para que el Supremo la acate y, al contrario, la ha ladeado hasta dejarla en papel mojado. Hay dos mossos detenidos por colaboración en la marcha del Arc de Triomf del president Puigdemont, se busca para su detención un tercero y también un bombero de la Generalitat. Al secretario general de Junts, Jordi Turull, que también se encuentra en paradero desconocido y que acompañó al president en su reaparición en Barcelona, se le ha tratado de localizar por parte de los Mossos d'Esquadra y ante la imposibilidad de hacerlo se le pondrá a disposición de la justicia cuando lo encuentren, cosa que quieren hacer efectiva.

En el caso de Turull, hay un factor añadido, ya que se encuentra en libertad por un indulto provisional y condicionado desde junio de 2021. Habrá que ver qué interpretación hará ahora el Supremo, ya que el texto publicado en el BOE decía: "Vengo en indultar a don Jordi Turull i Negre la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito grave en el plazo de seis años desde la publicación del real decreto". No ha cometido ningún delito, eso está claro. Pero el Supremo ya ha hecho lecturas sesgadas en otras ocasiones. Una última reflexión: la no detención de Carles Puigdemont es una buena noticia. Nada justifica la pérdida de libertad por el simple hecho de que el Supremo se salte la ley de amnistía. Tras esta consideración, todas las otras me parecen insignificantes a su lado. Y una final: al president electo, Salvador Illa, suerte y aciertos en sus decisiones.