Uno de los errores que se suelen cometer, en parte para no meterse en arenas movedizas, es separar los niveles de uso del catalán de la implacable campaña judicial, política y mediática contra la lengua propia del país. Así, es muy fácil escandalizarse cuando se hacen públicos los estudios demoscópicos de uso social del catalán y se constata que ha caído a los mínimos más bajos de los últimos veinte años y, en cambio, se mira hacia otro lado cuando los tribunales entran en tropel a desmembrar la inmersión lingüística como sistema de educación en las aulas catalanas.

Disponer de instrumentos para un conocimiento profundo de la lengua es el primer paso para garantizar un mayor uso. Reforzar el catalán en todos los ámbitos de la educación no es ir en detrimento del castellano. Es hacer posible que las oleadas de inmigración que están llegando mantengan un ensamblaje con la nación a la que quieren incorporarse. Los ciudadanos que utilizan habitualmente la lengua catalana son tan solo el 32,6%, según datos de 2023. Eso supone un retroceso de 3,4 puntos respecto al anterior informe, de 2018, que situaba el número de hablantes habituales del catalán en el 36% —frente a un 48,6% de uso habitual del castellano—. Continúa una acentuada tendencia decreciente, si se compara con el 46% de 2003 —frente a un casi empatado 47% de castellano—, en el primer año que se realizó la encuesta. La panorámica general: un descenso de 13,4 puntos porcentuales en el uso habitual del catalán en veinte años.

Se está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el modelo de inmersión lingüística, pero todos los augurios son negativos

Ahora, el TSJC, en una vuelta de tuerca más, ha dejado sin efecto varios fragmentos de las instrucciones que el Departament d’Educació envió a los centros escolares para el curso 2022-2023, al considerar el tribunal que excluyen el castellano como lengua de uso. Al final, el TSJC se ha tenido que cuadrar, modificando su posición inicial, que había dado por bueno el decreto del Govern para proteger el papel del catalán como lengua vehicular en las aulas y rechazado el recurso basándose en que estas normas solo reproducían la legislación vigente y se dirigían al personal interno del Departament. El Tribunal Supremo no lo entendió así y en casación forzó la rectificación que llega ahora.

Ha habido tantas protestas por la guerra judicial contra el catalán que parece como si los partidos ya hubieran interiorizado que esta batalla es imposible de ganar. El pasado mes de marzo, el TSJC mantuvo el 25 % de castellano en clase pese a la nueva ley sin cuotas. Ahora, se está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el modelo de inmersión lingüística, pero todos los augurios son negativos. Que en materia educativa las leyes vayan por encima de los criterios pedagógicos demuestra hasta qué punto se ha retrocedido en una cuestión tan fundamental como la lengua. La persecución ha llegado a tal extremo que los efectos solo serán absolutamente visibles cuando nada se pueda hacer. Cuando sea demasiado tarde. Y empezamos a no estar tan lejos.