No hay como disponer de impunidad para poder actuar sin preocupación alguna. Y así suceden cosas que son algo más que curiosas. Son preocupantes. Uno puede despertarse leyendo en un diario muy respetable antaño que los miembros del Tribunal Constitucional fueron convenientemente informados por el Gobierno de Mariano Rajoy "sobre el daño que sufriría el Estado con la investidura de Carles Puigdemont" y no suceder nada. O, como mucho, comentarios explicativos respecto a la noticia en la línea de que no cabe interpretarlo como una advertencia o una amenaza. Claro, el Gobierno y la Moncloa llaman para nada después de que el Consejo de Estado previamente hubiera tumbado por unanimidad la restricción de elección del candidato Puigdemont. Y también hay que concluir que el TC estuvo reunido el sábado durante seis horas por una cuestión meramente de trámite. Quizás por ello, el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías no ha tenido reparo alguno en declarar que la Constitución no la cumple ni el Tribunal Constitucional.

Estamos asistiendo a una situación tan anómala que el atropello de derechos fundamentales como el de elección y participación en procesos electorales se están poniendo en entredicho. Todo ello con pronunciamientos que hoy muy poca gente cuestiona desde fuera de Catalunya, ya que están pensados para ir contra el independentismo, pero que acabarán dejando un reguero de polvo y de doctrina constitucional que un día podrá ser usada contra otras formaciones políticas o personas para apartarlas de la vida pública.

El exdiputado y doctor en Economía por la Universitat de Barcelona Germà Bel nos hacía partícipes este lunes de que había ido a declarar ante la policía como investigado por un delito de odio y discriminación. Al parecer, siendo aún parlamentario, está acusado de "generar un estado de opinión" contrario a la policía con unos tuits realizados entre el 1 de octubre, el día del referéndum, y el 3 de octubre, cuando se celebró la aturada de país. En los tres tuits que son objeto de la acción de la Fiscalía, el entonces diputado denunciaba la crispación de aquellas fechas y la tensión que se vivía, que no era ajena al millar de personas que necesitaron asistencia médica, según las informaciones facilitadas en su día por la conselleria de Salut, por las cargas policiales.

Y después hay quien habla y habla y se llena la boca con nobles palabras como justicia, constitucionalidad y acatamiento de la legalidad. Buenas palabras que muchas veces son eso. Solo palabras.