La manera como el gobierno de Pedro Sánchez está jugando con el indulto a los presos políticos, condenados por el Tribunal Supremo a más de un centenar de años de reclusión, es una absoluta canallada solo a la altura de un político que ha hecho del incumplimiento permanente de todos sus acuerdos la guía para desenvolverse en la esfera pública. El hecho de que el indulto sea una gracia del gobierno de turno no le da derecho a enredar permanentemente con esta cuestión y ponerla en medio del debate político como un señuelo cuando le interesa y retirarla cuando ya no lo necesita. A su frivolidad permanente se suma un grado de crueldad que convendría no olvidar, sobre todo porque si como le recuerda Podemos al PSOE tras su incumplimiento a regular el precio de los alquileres, los acuerdos se cumplen, qué no habría que decir del tira y afloja con los indultos. El independentismo haría bien en ponerse como una exigencia irrenunciable la amnistía y condicionar la legislatura en Madrid en lo que sería también una manera de interpretar los resultados de pasado 14 de febrero. Entre otras cosas, porque si Sánchez quiere aprovechar la debilidad del resto de partidos españoles para disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, la capacidad para condicionar la legislatura haya tenido sentido.

Si durante la campaña catalana se apresuraron a recuperar la partitura de los indultos, como ya habían hecho previamente en la intensa negociación de los presupuestos generales del Estado, no han tardado ni una semana en lanzar agua al vino desde la Moncloa y ponerlos en cuarentena. La nueva agenda es modificar el delito de sedición y, en todo caso, después del verano abrir la carpeta de los indultos. No era ese el esquema cuando los socialistas pedían el voto para el 14-F, ni cuando hablaban de reconciliación, ni cuando enviaban a sus portavoces habituales a advertir que cuidadín con el resultado electoral, ya que podía poner en riesgo el trabajo realizado para que los indultos llegaran a buen puerto. No era más que un cebo que se va repitiendo y repitiendo, como sucedió con la mesa de diálogo, que se limitó a una foto y de esa instantánea los socialistas vivieron un año.

Acostumbrados al engaño permanente, los últimos en padecerlo han sido sus socios de Podemos, que se han encontrado de la noche a la mañana con que su bandera sobre la limitación de los alquileres de los pisos quedaba en papel mojado por boca del ministro José Luis Ábalos, quien ha apostado por incentivos fiscales en la futura ley de vivienda. Veremos si Ábalos rectifica o no, aunque el número tres del PSOE no se lanza a una piscina así si no hay agua, mientras Podemos le recuerda a diario que no hay excusas para saltarse lo que en su día fue uno de los temas estrella del acuerdo de gobierno con el PSOE. El ministro se zafa del compromiso afirmando que la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado.

Y mientras, PSOE y PP, que aparenta que no se hablan, están a punto de cerrar un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que designa a los jueces. En eso sí parece que se ponen de acuerdo e incluso Sánchez deja fuera a Pablo Iglesias. Debe ser porque con las cosas de comer no se juega y una cosa es estar en el Gobierno y otra acceder a puestos de poder de los de verdad. Que todo eso suceda, además, en el aniversario del 23 de febrero debería actuar como recordatorio de como aquel día todo quedó mucho más atado de lo que a algunos nos parecía en aquel momento. Y el Estado se blindó definitivamente para que los cambios fueran a partir de aquel momento cosméticos y se cerrara a cal y canto el mapa autonómico.