Ni un ministro de Asuntos Exteriores exclusivamente dedicado a desprestigiar internacionalmente la causa del independentismo catalán, ni un organismo millonario como España Global, dedicado exclusivamente a hacer proselitismo español y rebatiendo, incluso con malas artes, las explicaciones de las instituciones catalanas sobre cuál es la situación real en Catalunya ha evitado el sonoro coscorrón del Consejo de Europa al gobierno de Pedro Sánchez. Y no sobre una cuestión ni mucho menos menor sino sobre la vulneración de la libertad de expresión de los políticos encarcelados en el Estado español y en Turquía. La mera equiparación de España a Turquía en un documento oficial de una organización internacional con sede en Estrasburgo y de la que forman parte 47 estados europeos tendría que ser motivo de inquietud y alarma si no fuera porque el deep state ha salido de caza mayor y su principal objetivo no es otro que vincular al independentismo catalán con el terrorismo.

El informe, de 13 folios, presentado por el letón Boris Cilevics en el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y que ha sido aprobado, es enormemente duro con el comportamiento de la justicia española y las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo como, por ejemplo, la privación de libertad, la inmunidad parlamentaria, la independencia de los electos y la solicitud de largas penas para los presos políticos. El letón Civelics, de acuerdo con el informe aprobado, va a solicitar efectuar una visita de información a Madrid y Barcelona y será divertido saber cuál es la respuesta del Gobierno español y de Exteriores que, horas después de la noticia, mantenía un inusual silencio pese a tratarse de un ministerio tan locuaz como polémico.

No es la primera vez que España es señalada por organismos internacionales en todo el conflicto catalán. Bien es cierto que la Comisión Europea, el verdadero politburó de los estados, permanece a día de hoy bastante impermeable para las demandas del independentismo catalán. Sin embargo, la corriente de simpatía en el Parlamento Europeo se ensanchó de una manera significativa después de las elecciones del pasado mes de mayo y en algunos países se han producido pronunciamientos impensables de partidos políticos o de cámaras legislativas a favor de la demanda de referéndum o en contra de la prisión de los líderes independentistas. Es el caso, por ejemplo, de Francia, Alemania y Gran Bretaña, por citar los más importantes de Europa.

El enorme ruido judicial, político y mediático del Estado español para asociar al independentismo catalán con el terrorismo está teniendo a fecha de hoy a nivel internacional un recorrido limitado. Entre otras cosas, porque los movimientos han estado tan burdos que no han tenido gran credibilidad. Y no será porque no se esté poniendo encima de la mesa artillería pesada, como las filtraciones sesgadas de sumarios secretos de la Audiencia Nacional, la permanente discusión en Madrid de la restauración del 155 para limitar o suspender el gobierno de Catalunya o, incluso, la activación de la ley de Seguridad Nacional, el último cartucho puesto encima de la mesa como aviso a la Generalitat. El humo por delante de las advertencias internacionales a España.