Aunque a estas alturas del contencioso entre Catalunya y España, y después de haber tenido primero noticias de la Operación Catalunya —la vergonzosa utilización de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en la fabricación de pruebas falsas contra el independentismo catalán— y más tarde se haya podido ver por TV3 el documental Las cloacas de Interior producido por Mediapro y dirigido por Jaume Roures, nada o casi nada puede ser objeto de una sorpresa mayúscula, lo cierto es que eso, por una razón o por otra, nunca es del todo verdad.

El último episodio de la Guardia Civil citando, en las últimas fechas, a diferentes altos cargos de Presidència y de Exteriors, en un goteo cuidadosamente medido de dos personas por día para que la noticia aguante lo suficiente mediáticamente, ha provocado una tajante respuesta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del conseller de Justícia, Carles Mundó, de colectivos jurídicos tan activos como el de Drets y, lo que puede ser considerado más sorprendente, que el TSJC haya tenido que hacer una nota pública asegurando que el magistrado que lleva el caso, el titular del Juzgado número 13, no ha ordenado citar a nadie y que la Guardia Civil está actuando por su cuenta. Lo más sorprendente es que en este desfile de altos cargos ya son varios los que han señalado, al abandonar las dependencias donde han sido interrogados, que se les había comunicado de viva voz que habrían cometido un delito de sedición, que conlleva penas de prisión, por su actuación relacionada con el referéndum del 1 de octubre.

Más allá de que la impresión generalizada es que el verdadero objetivo de la Guardia Civil con todas estas citaciones y otras que vendrán sería atemorizar a funcionarios y altos cargos cara al referéndum del 1-O, es evidente que el tema está desbordando la lógica preocupación para convertirse en un grave conflicto político. Entre otras cosas, porque el Juzgado número 13 mantiene el secreto de sumario del caso abierto en su día contra el exsenador de Esquerra Republicana Santiago Vidal, que dimitió de su cargo cuando se hicieron públicas unas declaraciones en las que aseguraba que la Generalitat disponía de datos fiscales de los contribuyentes catalanes, algo que no era cierto pero que la justicia decidió investigar. Esta causa puntual parece haberse convertido en un sumario mucho más amplio a tenor de las investigaciones de la Guardia Civil y de las noticias que vamos conociendo.

Todo ello, en medio de una gran sorpresa y perplejidad en la que no se sabe dónde empiezan y dónde acaban las decisiones de unos y otros y cuál el es objetivo real de los interrogatorios. Hay quien especula que, al final, al desbordar el origen de la investigación, lo que se pretende es que el caso salte a una instancia judicial superior, como es la Audiencia Nacional, que de hecho sería el que tendría que abordar un delito de sedición. Veremos si esto es así y si el gobierno español ha decidido sumar a inhabilitaciones, multas y amenazas de pérdidas de patrimonio, un grado más en el arsenal jurídico que ha decidido utilizar para impedir que haya urnas el 1 de octubre.