Purga, fanatización, descomposición, jibarización del Govern por parte de la ANC, sometimiento de Puigdemont a los dictados de Junqueras... Son algunos de los calificativos o análisis empleados en las últimas horas bien por el Gobierno español, bien por los partidos de la oposición, a la hora de analizar los cambios que se han producido en el Govern. Una permuta de consellers notable -en cualquier gobierno los relevos en las áreas de Presidència, Interior i Ensenyament son importantes, en el caso catalán aún más-. Con una clara orientación política: asegurar la realización del referéndum del 1 de octubre y el paso decidido y coordinado de todos sus miembros. Y, en última instancia, eliminar resistencias y acabar con palancas que bloqueaban algunas decisiones, una situación que ahora cambiará con Jordi Turull y Joaquim Forn.

Cualquier recomposición de lo que ha sucedido en las últimas dos semanas en la política catalana no aguanta los adjetivos con que la han definido tres sectores muy diferentes. Los que quieren hacer descarrilar el proceso desde la órbita unionista, aquellos que habiéndose aproximado al independentismo quieren un ritmo mucho más tranquilo y aquellos otros que allí donde esté Artur Mas o el nuevo PDeCAT quieren someterlos a pruebas de estrés a diario. Primera observación: la necesidad de una remodelación importante del Govern, que necesariamente tendría varios damnificados en el PDeCAT, se le plantea al president Puigdemont desde el mismo partido y desde personas cercanas a Artur Mas y Marta Pascal a finales del mes de junio, en los días próximos a Sant Joan. Los nombres a sustituir son los que, al final, han acabado saliendo del Consell Executiu excepto dos: la consellera Munté y el conseller Baiget.

Es interesante recomponer la foto de aquel final de junio: Puigdemont escuchando opiniones que le planteaban la necesidad de efectuar cambios antes de que pareciera que era la CUP o Esquerra quienes los pedían y se instalara una falsa realidad. La primera semana de julio el perímetro de partidarios de hacer cambios ya ha desbordado el núcleo restringido de dirigentes del PDeCAT: voces cualificadas del Grupo Parlamentario de JxSí o de la dirección se lo trasladan a Artur Mas y a Marta Pascal. Es, en ese momento, cuando se comparte la información con Esquerra Republicana por dos motivos: un cambio de gobierno, al que inicialmente Puigdemont es esquivo, necesita la complicidad del partido de Junqueras y llegado el caso, quizás algún conseller republicano.

Como sucede siempre en estas cosas hay un imprevisto que nadie había contemplado: las declaraciones del conseller Baiget, que cuestionaba la forma de funcionamiento del Govern y planteaba una serie de reflexiones sobre su límite personal ante la ofensiva del Estado y que se recoge en aquella frase en que expresa temor por su patrimonio. El día escogido, el 3 de julio, la víspera de la presentación de la ley del Referéndum, y la urgencia que se apodera de los que han de tomar la decisión cierra la carpeta Baiget con su cese inmediato y el nombramiento de un nuevo responsable de la conselleria de Empresa i Coneixement, Santi Vila, y de rebote el del nuevo conseller de Cultura, Lluís Puig. Se soluciona un problema puntual pero queda latente el problema de verdad.

Lo cierto es que a partir de aquel momento el cambio que estaba en marcha de una manera informal pero intensa tropieza con enormes dudas por parte del president, que busca una posición unánime de todos los consellers de su partido y de la dirección del PDeCAT y que obviamente no encuentra. La primera oportunidad que algunos detectan para ejecutar  los cambios es el viernes día 7 pero la situación no está suficientemente madura: el consell nacional de su partido del día siguiente aconseja prudencia y la Junta de Seguridad del lunes 10, en que ha de participar el conseller Jané, aconsejan esperar. El martes está ocupado por la reunión del Govern de la mañana pero en cambio el hecho de que Puigdemont deba comparecer el día siguiente en el Parlament para explicar el cese de Baiget propicia el segundo momento. Pasa el martes, aunque oficiosamente se asegura desde personas muy cercanas al president que se anunciará el nuevo Govern el miércoles.

A partir de entonces la fuga de información se confunde con la desinformación: la consellera Neus Munté pone encima de la mesa que si tiene que cesar al secretario del Govern, Joan Vidal, o pasar a Ensenyament, prefiere abandonar el Govern, con lo que la solución final parece imposible. Puigdemont llega a verbalizar en una conversación que, a aquellas horas, todos sus esfuerzos están dirigidos a no estropear las cosas aún más. Son los momentos de máxima preocupación. Suceden sin embargo dos cosas: la actitud del president Mas es implacable incluso con respecto a aquellos dirigentes que pueden ser considerados sus protegidos y deja claro que lo prioritario tiene que ser realizar el referéndum del 1 de octubre; a ello se suma inmediatamente el análisis compartido de Marta Pascal y su actitud decidida al lado de los dos presidentes. El desenlace queda entonces definido. Munté quedará definitivamente fuera; Meritxell Ruiz y Jordi Jané, también. Surge, sin embargo, un pequeño contratiempo: la consellera Meritxell Borràs no quiere perder las competencias electorales que se ha acordado que pasen a vicepresidencia y envía mensajes de que podría no seguir. Se recurre entonces al conseller Josep Rull, que es de su misma familia en el PDeCAT, y la situación se reconduce en pocas horas.

Ya solo faltan dos cosas: que se ofrezca a los nuevos consellers las carteras correspondientes -cosa que se hace el jueves por la noche y a la que los nuevos dicen rápidamente que sí- y mirar de arrancar a Esquerra algún conseller para que entre en los cambios. Cuando se reúnen a primera hora del viernes el president y el vicepresident en el Palau de la Generalitat esta cuestión, por las razones que sean, emerge con poca fuerza. Quizás Carles Puigdemont, que mira de situarse un escalón por encima de los intereses estrictos de su partido, lo considera menos relevante que los dirigentes de su formación que están permanentemente en la sala de máquinas. 

El lunes este último episodio será seguramente una anécdota. El Govern del referéndum encara el último y más difícil tramo. Y en su reunión del martes Junqueras y Romeva asumirán la compra de las urnas para el referéndum. Y quedará claro que las medidas judiciales adoptadas hasta la fecha son insuficientes para parar el referéndum del 1 de octubre. Y que el cálculo del Gobierno español vuelve a ser equivocado. Pero esto no es ninguna novedad. Empieza a ser un clásico.