Entre las muchas cosas de las que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena debía estar seguro que no le sucederían nunca estaba la de tener que escuchar que un fiscal del Supremo le dijera en Sala que era un iletrado. Las paredes del edificio donde se debatía, en vista pública, que la Sala de Apelaciones del Supremo se pronunciara sobre la decisión de Llarena de denegar la amnistía al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig vivieron, este lunes, una situación casi milagrosa. La teniente fiscal de la Fiscalia del Supremo y mano derecha del fiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, lanzándole toda la caballería a Llarena y desacreditándole por su "artificiosa construcción de la malversación".

Más allá de que, en su día, ya señalé que la actitud del Supremo con la ley de Amnistía roza la prevaricación y que no hay base legal objetiva para saltarse la aplicación de la ley, estoy seguro de que Llarena tampoco contaba verse un día en una situación como la de este lunes. Aquí sí que Pedro Sánchez ha dado una nítida instrucción y hacia abajo todo ha funcionado y ha hecho buena aquella frase radiofónica tan polémica en la que señalaba: "¿La fiscalía de quién depende? Pues eso". La fiscalía ha actuado conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Veremos cuánto tiempo demora el TC su pronunciamiento sobre la amnistía y si avala la constitucionalidad de la ley

"Cualquier persona que sepa leer las normas y que conoce los hechos de esta causa sabe que entran dentro del ámbito objetivo y temporal de la amnistía. Pretender obviar su aplicación con construcciones ajenas al sentido literal de la norma y contrarias a los hechos y a la subsunción típica de los mismos no puede ser acogida", proclamó la fiscal no sin dejar meridianamente probado que el enriquecimiento había sido una incorporación de nuevo cuño por parte del juez que nunca antes había situado en el foco del debate. La ausencia en esta exposición de los fiscales del Supremo encargados del juicio del procés, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, que ya habían mostrado su negativa a aplicar la norma del olvido penal a la malversación y por ello fueron apartados, es remarcable. Jueces y fiscales de aquel juicio continúan haciendo piña.

La Sala de Apelaciones resolverá presumiblemente en contra de Puigdemont, Comín y Puig, abriéndose así el camino del Tribunal Constitucional. El abogado Gonzalo Boye tiene razón cuando sostiene que el Supremo ya no es competente al ser Puigdemont y Puig diputados en el Parlament y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es la instancia donde debería dilucidarse. Respecto al TC, veremos cuánto tiempo se demora su pronunciamiento y si este es el que se espera de constitucionalidad de la ley, sin ningún otro matiz, que otorgue la amnistía a los independentistas que aún no la tienen, empezando por los miembros del Govern que aún no han sido amnistiados. Pero habrá que ser prudentes, ya que todo lo que pasa por el TS o el Constitucional acaba teniendo una letra pequeña que no es la del primer titular. Esperemos que esta vez no sea así.