Pasar a la ofensiva aprovechando un desliz del juez Pablo Llarena en unas declaraciones efectuadas en Oviedo, dejar su reputación tocada y quién sabe si incluso llegar a parar la instrucción. Ese es el triple objetivo de la demanda civil presentada por el president Carles Puigdemont y por los consellers exiliados en Bruselas —Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret— ante la justicia belga que ya ha puesto fecha para el juicio: el próximo 4 de septiembre. El independentismo catalán mueve el tablero judicial con una iniciativa que busca ser un jaque al polémico magistrado del Tribunal Supremo y que pretende poner de manifiesto como en España los líderes independentistas no pueden defender sus derechos fundamentales y ante la justicia de otro país sí. La acusación del Govern en el exilio se basa, entre otras cosas, en que el juez ha dejado de estar protegido por su inmunidad, ya que no se está debatiendo lo que dice en un auto sino lo declarado a los medios de comunicación en Oviedo, cuando le preguntaron por los líderes independentistas y si son o no presos políticos.

La dimisión de Rajoy como presidente del PP, el anuncio inminente del nuevo gobierno de Pedro Sánchez e incluso la amenaza de Aznar levantando el dedo sobre un hipotético retorno, han relegado una noticia que cualquier otro día ocuparía el principal lugar en los informativos, ya que no sucede todos los días. En cualquier caso, el independentismo se ha anotado una primera victoria enviando un mensaje muy clarito: el juez Llarena deberá comparecer ante la justicia belga para defenderse de la demanda civil, un procedimiento reglado en aquel país y en el cual la fiscalía no interviene y tampoco no hay un trámite de admisión que se tenga que valorar. Simplemente, el juez belga fija la fecha para la vista y serán los miembros del Govern en el exilio los que tendrán que demostrar que ha habido una vulneración del derecho a un juez imparcial, a un proceso judicial equitativo y justo y a la presunción de inocencia. Si Llarena o sus representantes no se presentaran, automáticamente la podrían perder.

Si no fuera por la trascendencia del caso, lo lógico sería aplazar toda la instrucción, ya que si tiene Llarena un juicio pendiente podría llegar a interpretarse, según algunos juristas, que estaría prevaricando si siguiera adelante. Otra solución sería que el propio Tribunal Supremo apartara al magistrado y quién sabe si pudiera tomar un camino diferente en algunas decisiones de la instrucción llevadas a cabo.

Europa y sus instancias judiciales se han convertido en un verdadero problema para la justicia española, que ve como todo lo que decide aquí se cuestiona o se rechaza fuera. Un verdadero galimatías que se suma a la sensación de un gran caos en España, con un gobierno del que se desconoce cuál va a ser su recorrido una vez ha habido acuerdo entre las fuerzas parlamentarias para mandar a Mariano Rajoy a su jubilación política. Un acuerdo aún demasiado frágil para no dar la legislatura española por muerta.