La presentación de una proposición no de ley de Junts per Catalunya instando al presidente del gobierno español a plantear una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, entre fuertes acusaciones de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez de no ser un político de fiar y de haber agotado el crédito de la formación independentista, marca un cambio de rasante en la convulsa legislatura en la política española. Puigdemont escenificó en Bruselas, al cumplirse algo más de un año de los acuerdos suscritos entre Junts y el PSOE, que había llegado el momento de exigir un punto de inflexión en las relaciones o de dejarlo correr. Su esquema, sin embargo, sitúa acaso un imposible para los socialistas, ya que corregir los desencuentros actuales supone remar en contra de todo lo que han estado haciendo, bien oponiéndose o bien retardándolo. La cuestión de fondo, como siempre, acaba siendo más importante que los discursos, y la corriente imperante en Junts es que las tomaduras de pelo de Sánchez son continuas y el desgaste para su líder, enorme, ya que corre el riesgo de quedar engullido en un cúmulo de promesas incumplidas por parte de la Moncloa.

El origen del desencuentro actual es de sobras conocido: el PSOE necesitaba siete votos para la investidura y firmó lo que hiciera falta para llegar a la Moncloa. El desarrollo de los meses transcurridos también está perfectamente claro: reuniones mensuales en Ginebra, con un mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, como verificador internacional. En estos encuentros, los socialistas decían invariablemente que sí a todo, mientras en Madrid los temas iban encallando uno detrás de otro a medida que llegaban a los ministerios. No solo eso, sino que uno de los temas estrella, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, decayó por falta de impulso desde la Moncloa, ya que como se ha visto con la designación de la ministra Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, el PSOE no tiene reparo en pactar si es necesario con la ultraderecha europea para conseguir un sillón comunitario. En cambio, nada de eso ha sucedido con el catalán, que ha sido una carpeta del ministro José Manuel Albares.

La corriente imperante en Junts es que las tomaduras de pelo de Sánchez son continuas y el desgaste para su líder, enorme

Los socialistas tragaron con un relato de Puigdemont que ahora se ve que nunca compartieron, ni hicieron suyo. Basta releer un párrafo en el que se hablaba de que era un acuerdo histórico y que se trataba de solucionar un conflicto que solamente desde la política puede y debe resolverse: "dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, PSOE y Junts acuerdan dotarse de un mecanismo internacional que tenga las funciones de acompañar, verificar y hacer seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue". De aquel conflicto no resuelto, según Puigdemont y Junts, se ha pasado como por arte de magia a proclamar una normalidad en España y en Catalunya sin que nada haya cambiado. Carpetas irresueltas como el reconocimiento nacional, la modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya, y la transferencia integral de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya. O bien, el blindaje del catalán y la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en Catalunya.

Todo ha acabado siendo un brindis al sol y el acuerdo de Bruselas papel mojado. A ello añadimos la aplicación de la ley de Amnistía que hacen los jueces del Tribunal Supremo y que mantienen en el exilio a Puigdemont, entre promesas a Junts de que el Constitucional le permitirá el retorno alrededor del verano, y que a estas alturas nadie cree; el incumplimiento de Sánchez de reunirse en Bruselas con el president en el exilio, cita que nunca llegó a celebrarse; el viaje del president de la Generalitat, Salvador Illa, también a la capital comunitaria y ninguna invitación a encontrarse y la denegación de la escolta a la que tienen derecho todos los presidents de la Generalitat y que el ministerio del Interior se niega a conceder a Puigdemont. Junts no quiere sacar la lista de incumplimientos, pero sí sitúa el listón tan alto que, en estos momentos, los presupuestos del Estado son una utopía. ¿Alguien se cree que el PSOE va a hacer, como Junts le exige, una liquidación de los incumplimientos de inversiones en Catalunya en 2023 y 2024 y su transferencia a las arcas de la Generalitat antes de hablar de los presupuestos de 2025?

En este contexto, Puigdemont ha decidido resetear la legislatura. La presentación de la proposición no de ley (PNL) instando a Sánchez a presentar una cuestión de confianza deberá ser tramitada por la Mesa del Congreso y colocarse en el orden del día de un próximo pleno. Veremos si se acepta —lo contrario precipitaría acontecimientos por parte de los independentistas— y para cuándo se fija su votación. Sánchez ya ha hecho saber que no se someterá a una cuestión de confianza aunque prospere la PNL. Es un escenario este que dejaría en manos de Alberto Núñez Feijóo presentar una moción de censura y Junts podría sentirse tentado de apoyarla si sus conversaciones constatan que el acuerdo con el PSOE es imposible, ya que el alejamiento en las posiciones se ha cronificado.