La luz verde del Consell de Garanties Estatutàries al decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos, impulsado por la conselleria de Economia, que permite al Govern avalar las fianzas de algunos de los 34 encausados ante el Tribunal de Cuentas por la política exterior de la Generalitat marca un triple punto de inflexión. Primero, que haya un instrumento para proteger económicamente a los altos cargos y funcionarios, cosa que no existía desde 2017. Segundo, romper el tópico de que iniciativas de este calado se hacían sin suficiente base legal, como lo refleja el hecho de que el Consell de Garanties haya aprobado el decreto por unanimidad. Y, tercero, sacarlo adelante en el Parlament con la única oposición del trifachito de Vox, Cs y PP. En total,19 noes de los 135 diputados que tiene la Cámara, menos del 15%.

El conseller Jaume Giró se anota un éxito después de su aterrizaje en la política procedente de la esfera empresarial privada, en la que congeló su actividad hace tan solo dos meses para hacerse cargo de la conselleria de Economia. Es obvio, para cualquiera que haya seguido la información que se ha ido conociendo, que sin su empeño en que existiera una cobertura que permitiera avalar la presunción de inocencia de los servidores públicos el fondo difícilmente existiría. El president Pere Aragonès, muy en contacto con el conseller estos días, consigue que el Govern salga de este trance nada fácil reforzado políticamente y, quién sabe, si, además, como un ejecutivo más cohesionado.

El Tribunal de Cuentas, que ha hecho de la política exterior de la Generalitat una auténtica cruzada y que ha fijado una fianza de 5,4 millones para 34 políticos y ex altos cargos -Puigdemont, Mas, Junqueras, Mas-Colell, Homs y Romeva, entre otros- ya sabe que tiene enfrente, además del Govern, una mayoría muy amplia del Parlament. Las abstenciones de los grupos parlamentarios del PSC y En Comú Podem son elocuentes.

Especialmente significativa la de los socialistas, que de la mano de Salvador Illa, han optado por un voto de confianza al conseller Giró, huyendo del no a todo al que tan acostumbrados estábamos cuando la jefa de la oposición era Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Cabe esperar que el informe de la Abogacía del Estado que ha solicitado el Tribunal de Cuentas vaya en la misma dirección que el que acaba de emitir por unanimidad el Consell de Garanties y tampoco se entendería la abstención del PSC con un rechazo de la Abogacía.

El dictamen del Consell de Garanties debería abrir, en buena lógica, una nueva ronda de contactos con las siete entidades financieras que en primera instancia se negaron a facilitar el aval que quería Economia. Es de esperar que algunas dudas que tenían sobre la legalidad del fondo hayan desaparecido y su actitud sea más abierta que en las primeras negociaciones.