Agua de borrajas. Papel mojado. Este parece que va a ser el destino de años de investigación de la Fiscalía española para tratar de establecer los delitos de Juan Carlos I y poder abrir una causa penal contra él. En ninguna de las tres investigaciones que estaban abiertas contra el emérito, la Fiscalía ha encontrado, al parecer, razón alguna para denunciarle y ponerle a disposición de la justicia. Desde luego deben ser los únicos en pensar que es inocente, pero también son los únicos que pueden tirar del hilo. En el tiempo transcurrido desde las primeras informaciones publicadas por la prensa suiza ha habido una importante desidia del amplio mundo judicial a la hora de imprimir un impulso real a la causa. Como bien dijo Pedro Sánchez, en una de las frases de las que más arrepentido debe sentirse, la situación es la siguiente: ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está.

Al parecer, la Fiscalía entiende que no hay indicios sólidos para seguir las investigaciones. En consecuencia, considera que hay prescripción de los hechos analizados, inviolabilidad como jefe de Estado antes de abdicar en junio de 2014 y que, además, hubo dos regularizaciones fiscales para subsanar su deuda con el fisco. Un pequeño detalle respecto a las millonarias regularizaciones que realizó y que desde su regia posición deben de ser insignificantes, no así para el común de los mortales: cuando lo hizo ya había recibido la notificación de la apertura de una investigación. Pero, ¿para qué detenerse en estos nimios detalles?, ha debido pensar alguien de arriba. Era evidente que los partidos de la transición y de una manera muy especial PP y PSOE no iban a permitir ir mucho más allá en este tema pero, al menos, han quedado retratados ante la opinión pública. Son lo mismo, uno de derechas y otro de izquierdas. Pero lecciones de ética que ninguno las dé, por favor.

Se abre así una primera situación personal de calado: el emérito ya puede volver de su exilio de oro en los Emiratos Árabes Unidos ya que los partidos del régimen han hecho lo que algunos pensaron, ingenuamente, que los socialistas no se prestarían a hacer. Será un retorno sin honor, habiendo dejado por el camino toneladas del crédito de que disponía antaño, pero eso a los Borbones les ha importado siempre muy poco a lo largo de la historia. Y una segunda, política: PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han quedado retratados ante la opinión pública después de construir un blindaje excepcional para poder investigar nada. Se ha visto en el Congreso de los Diputados, donde ni tan siquiera se ha podido debatir si había razones para crear una comisión de investigación parlamentaria. Y se ha rematado el trabajo político desde la siempre opaca justicia española.

La Fiscalía podrá volver tranquilamente a sus actividades más cotidianas —el martes conocimos que investigaba al mago Lari por una broma en TV3— y a construir nuevos relatos inverosímiles sobre el mundo independentista catalán. Ya sea sobre rusos o sobre cualquier otra cosa. Con una centésima parte de la imaginación que puso la Fiscalía del Tribunal Supremo en el juicio del procés para condenar a más de un centenar de años de prisión a los líderes catalanes, Juan Carlos I tendría muy difícil librarse de la prisión. 

Pero cuidado, pese a su enorme esfuerzo, el armazón político-judicial español hay una cosa que no controla y que puede acabar dándole un disgusto. En Suiza, donde empezó todo, la causa sobre las finanzas secretas del exmonarca aún está abierta.