Desde asociaciones judiciales diferentes se ha cuestionado tanto la promoción de Carmen Lamela de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo como la supuesta asignación fraudulenta de una plaza de fiscal para Sofía Marchena, hija del magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que tiene que ver el juicio a los independentistas catalanes y a la que pertenece el juez Pablo Llarena.
Como en cualquier buena historia, aparentemente al menos, todo aparece con demasiadas cosas extrañas. Lamela fue la primera juez que vio la causa del independentismo catalán, la que envió a prisión a los Jordis ―Sànchez y Cuixart―, la que también decretó la primera prisión incondicional contra Junqueras y los siete consellers que comparecieron en la Audiencia Nacional y la que dictó la primera orden de extradición fallida contra el president Puigdemont y los consellers exiliados en Bélgica. Ahora le queda en su juzgado la causa contra el major Trapero y la intendente Laplana, a los que acusa de pertenencia a organización criminal.
En el caso de la fiscal Marchena está también por en medio la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, casada con el juez Llarena. Tantas casualidades han llevado a varias organizaciones judiciales a denunciar el nombramiento de Lamela por parte del Consejo General del Poder Judicial como también la supuesta asignación fraudulenta por la plaza de Sofía Marchena.
A la vista de lo que ha sucedido estos meses y del protagonismo público de todos los implicados en la operación de estado para desmantelar el independentismo, no parece exagerado preguntarse si estamos hablando de méritos de los promocionados o de favores. Debería quedar meridianamente claro qué es lo primero y para ello es necesario que se den las explicaciones oportunas, incluido en el Congreso de los Diputados. En estos momentos, la alarma ya se ha encendido y no bastará con el silencio.