Como que la política reside, y mucho, en los gestos, habrá que dar el valor que corresponde a "la nueva etapa de normalización", por utilizar el lenguaje de Pedro Sánchez, y que, por ahora, consiste en que los nuevos ministros actúen con un punto de desdén, cuando no de menosprecio, al hablar de la cuestión catalana y las posiciones defendidas por los independentistas.

El último ha sido el ministro de la Presidencia y nuevo hombre fuerte del Gabinete, Félix Bolaños, que ha señalado que el proceso soberanista se está acabando, que Catalunya tiene que superar la fase identitaria, "en la que claramente no nos pondremos de acuerdo", y lo ha remachado con la frase que más gusta a los unionistas: hemos de abordar los "problemas" de los catalanes. La ministra de Administraciones Públicas, Isabel Rodríguez, además de preguntarse si los independentistas han aprendido "la lección", lo definió esta semana con unas palabras parecidas: hablar de las cosas que importan.

Sostengo desde hace tiempo que Pedro Sánchez sabe muy bien a lo que juega. Es un tramposo reconocido por todos, pero no suele equivocarse con lo que más le conviene en el corto plazo. Y es lo más alejado a un estadista. Le impusieron los impuestos en Europa y los ha vendido como un gesto humanitario y de gran gobernante, cuando lo que espera es garantizarse el apoyo parlamentario para acabar la legislatura. Continúa la represión del independentismo —el Tribunal de Cuentas es el ejemplo de estos días— mientras propaga en Europa que el conflicto catalán ya está en vías de solución y que el diálogo con su gobierno funciona. Dice que no a todas las propuestas —amnistía, referéndum y autodeterminación— y sigue habiendo este punto de ensoñamiento en mucha gente de que dará su brazo a torcer.

El caso del Tribunal de Cuentas es especialmente escandaloso por varios motivos. Es un organismo político, que está llevando a cabo una actuación política, que carece de base para sustentar las acusaciones que hace de malversación de fondos por la acción exterior de la Generalitat entre 2010 y 2017, la cifra de 5,4 millones de fianza está hecha para arruinar a los 34 altos cargos independentistas, y los obstáculos que ha puesto desde el primer momento al negar una prórroga de un mes ya demuestran que prevalece el escarmiento por encima de cualquier otra cosa. El Govern ha utilizado, casi al límite del tiempo marcado —las 24 horas de este miércoles—, la vía del aval del Institut Català de Finances (ICF) tras la negativa de las entidades financieras y de manera transitoria. Veremos cuál es la respuesta del Tribunal de Cuentas.

El día a día es un campo de minas en las relaciones entre el Gobierno de España y Catalunya con dos posiciones claramente antagónicas ante el conflicto. Lo que sucede es que en este campo de minas en el que se juega la partida, uno está cómodamente sentado a la sombra sin correr riesgo alguno y viéndolas venir, mientras el independentismo trata de cruzarlo dejando por el camino algo más que personas represaliadas. La política de las promesas frente a la política de los resultados.