La próxima semana, el miércoles es el día previsto, finalizará el juicio de los hechos del 1-O que durante más de cincuenta sesiones se ha venido celebrando en el Tribunal Supremo. Se inició el 12 de febrero, antes de las elecciones españolas, municipales y europeas, con un Pedro Sánchez tambaleante y necesitado de los votos independentistas para ganar la moción de censura y finaliza con un inquilino de la Moncloa que ha roto, ya veremos si definitivamente, cualquier lazo con las formaciones de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Es obvio que el independentismo ha sido nuevamente utilizado por las fuerzas políticas españolas y el último movimiento de Moncloa para aupar a la perdedora Ada Colau a la alcaldía en vez del ganador Ernest Maragall es un ejemplo más. 

El juicio, a expensas de los alegatos de los presos políticos y la defensa que de ellos hagan sus abogados, ha sido todo un cúmulo de violación de derechos y ha tenido un marcado sesgo de desprotección de los acusados. Uno tiene a veces la impresión que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los medios de comunicación españoles hubieran estado en un juicio y los observadores internacionales, los medios de comunicación extranjeros y la sociedad catalana en otro.

Es obvio que no se ha probado la rebelión pero no importa ya que el fiscal, en una pirueta política más que técnica, eleva la cuestión a golpe de estado; la malversación está cuando menos difusa pero se sostiene en los diferentes escritos de la acusación. Y, por si acaso, se incorpora una petición: que los presos políticos pasen el 50% de su condena sin ningún permiso penitenciario. Y Ciudadanos y el Partido Popular siguen con iniciativas legislativas para que el gobierno español carezca de margen para un hipotético indulto.

No hay que abrigar muchas esperanzas respecto a las sentencias que imponga el Tribunal Supremo y todo apunta a que, al menos, estarán en la banda alta de la Abogacía del Estado. Sedición y no rebelión; 15 años y no 25 para Junqueras y de aquí hacia abajo. Nadie mínimamente informado se atreve a vaticinar condenas menores y en cambio muchos son los que aun amplían el número de años de prisión.

La sociedad catalana ha vivido con una suma de dolor, irritación y contención el juicio del Govern legítimo desposeído de sus cargos por el 155 que aprobaron PP, PSOE y Ciudadanos. La política catalana está y estará marcada durante mucho tiempo por esta circunstancia. La no elección de Maragall también es fruto de aquel 155 y la violación de los derechos de los presos o la persecución ridícula del president Puigdemont allí donde va, también.

Por ello es más necesaria que nunca una cartografía compartida de los diferentes actores independentistas y superar los vacíos de liderazgos que existen con unidad de acción de todos ellos. Solo hasta que no se entre en esta fase, el independentismo no podrá ser nuevamente inclusivo, generador de ilusión, superador de la parálisis y motor del cambio que necesita Catalunya.