De todos los ríos de tinta que se han escrito sobre el no de los siete diputados de Junts per Catalunya a la proposición de ley promovida por el Sindicat de Llogaters y el Sindicato de Inquilinos con el objetivo de regular los alquileres de temporada se trata, en la gran mayoría de ellos, de pasar de puntillas sobre lo que es el factor nuclear de la decisión: la voluntad de castigar a Pedro Sánchez por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados. Para todo en la vida hay un argumentario posible, como también hay una manera en política de buscar la confrontación directa y, muy probablemente, ese momento se produjo el martes en el Congreso de los Diputados. La cara de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en sus escaños del llamado banco azul del Gobierno, tras la inesperada derrota parlamentaria, no solo pone de relieve que la llamada mayoría de investidura de Sánchez está quebrada sino que la extendida idea de Moncloa de que se puede gobernar una legislatura sin presupuestos generales del Estado y sin mayoría parlamentaria es, simplemente, una quimera.

Estaba avisado de sobras el PSOE de que pisaba terreno pantanoso desde hace varios meses. En las reuniones parlamentarias bilaterales, en el canal directo que mantienen Santos Cerdán (PSOE) y Jordi Turull (Junts), y en el aparato de verificación de las conversaciones entre PSOE y Junts, que aún se sigue reuniendo en Suiza bajo la coordinación internacional del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. También lo había trasladado directamente el president Carles Puigdemont a José Luis Rodríguez Zapatero, presente siempre cuando se producen las crisis entre ambas formaciones. Pero, por lo que parece, los socialistas han perimetrado mal las consecuencias de su fragilidad parlamentaria. Si no, Pedro Sánchez, que los martes no suele asistir al pleno, no se habría desplazado hasta la Carrera de San Jerónimo para votar (de hecho, hasta ahora, el presidente español solo había votado en dos de los quince martes ordinarios de esta legislatura). Pero ni esto fue suficiente. La esperada victoria por 179 votos a favor y 171 en contra acabó en tragedia con 172 síes y 178 noes.

La salsa se ha ido espesando hasta convertir la pérdida de confianza de Junts en Pedro Sánchez en algo difícilmente reversible

En estos momentos, la lista de agravios —algunos con más razón que otros— de Junts per Catalunya con el PSOE es de más de cinco y más de diez y, a cambio, solo existe la ley de amnistía, que se aprobó después de varias transacciones, en las que la formación de Carles Puigdemont también tuvo que ceder ante el ministro Félix Bolaños y que, además, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional la han acabado convirtiendo en un pagaré a cobrar en un plazo indefinido. Nada definitivo hay, por ejemplo, del catalán en las instituciones europeas o de la cesión integral de las competencias de inmigración. Del primer tema ni se habla públicamente y aquella celeridad que pareció demostrar el ministro Albares, hoy se ha transformado en un asunto del que, como mucho, se dice que sigue su curso. Del tema de la inmigración, se buscan fórmulas para una transferencia a Catalunya más cosmética que otra cosa, en medio de infinidad de burocracia legislativa que no hace más que rebajar los compromisos adquiridos.

Si a ello se suma algo que, por mucho que no se quiera hablar, ahí está, como es el desenlace de los tres procesos electorales —español, municipal y catalán— y las alianzas de gobierno que se han fraguado en los dos últimos, la salsa se ha ido espesando hasta convertir la pérdida de confianza de Junts en Pedro Sánchez en una cosa difícilmente reversible. Con algún matiz, claro. No es lo mismo el PSOE que Sánchez; y tampoco es lo mismo Zapatero que el inquilino de la Moncloa. ¿En todo este juego qué papel juega el PP de Feijóo? El gallego se lo mira desde una distancia intermedia, manda mensajes en alguna entrevista, aunque sus movimientos son paquidérmicos, temeroso, seguramente, de la fuerza de la prensa ultra de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso. Otra cosa es el entorno de Feijóo, que teme que se le acabe pasando el arroz, si Sánchez consigue completar la legislatura.