El Tribunal Supremo ha quedado este jueves nuevamente en ridículo después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas ha rechazado nuevamente la extradición del conseller de Cultura en el exilio, Lluís Puig. La noticia, además de ser magnífica para el conseller exiliado, ya que tendría que suceder un verdadero cataclismo para que en un futuro este tribunal o cualquier otro modificara la decisión, tiene un efecto dominó importante para los otros tres exiliados que también eran miembros del Govern en octubre de 2017 y sobre los cuales también pesan órdenes de extradición: el president Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Habida cuenta de que el juez de primera instancia es el mismo que dictaminó sobre Puig y el Tribunal de Apelación de Bruselas también, el camino para conservar su libertad parece definitivamente despejado.

La tercera euroorden emitida por España empieza a ser papel mojado y la justicia belga ha dejado literalmente en mantillas aspectos tan determinantes como la competencia del Supremo o la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de los políticos independentistas de los que se pedía la extradición. Con la mano abierta, el tribunal de apelación propina dos sonoras bofetadas: en la primera, confirma la decisión del juez de primera instancia al considerar que el Supremo no es competente para juzgar estos hechos, después de que hubiera una tercera euroorden emitida por España. Sin embargo, aún es más llamativa la segunda al entender que hay un claro riesgo de que la justicia española vulnere la presunción de inocencia de Lluís Puig —y, por extensión, de todos ellos—  regulada por la directiva 2016/343.

Entiende la justicia belga que todo el reguero de declaraciones políticas de fiscales y jueces contaminan su pronunciamiento y hay un riesgo procesal evidente. Aquel más dura será al caída con que la Fiscalía etiquetó la nota de prensa anunciando las querellas contra el Govern del president Puigdemont y la Mesa del Parlament, no se lo han tomado a broma en Bruselas sino como una premonición de lo que años más tarde acabaría pasando.

No habrá, por tanto, extradición de ninguno de todos ellos en el futuro y eso es una gran noticia. España ha perdido el pulso y su justicia, forzada hasta emitir sentencias claramente injustas, ha quedado hecha trizas aunque en Madrid y en muchos medios de Catalunya el típex acabe haciendo milagros con las noticias. Veremos, a partir de ahora, qué acaba sucediendo con los suplicatorios de Puigdemont, Comín y Ponsatí para que el Parlamento Europeo les acabe levantando la inmunidad para ser procesados.

En buena lógica, el suplicatorio tendría que decaer ya que se sabe de antemano que si el sentido final del mismo es la extradición esta no se va a llegar a producir atendiendo a la doctrina Puig. ¿Entonces cuál es el sentido del suplicatorio? Pero ahí entra la política y no la justicia y los intereses de las familias ideológicas y de los estados. Tienen una salida honorable: decir que el TS no es competente y desentenderse, pero mucho me temo que los Pedro Sánchez, Pablo Casado e Inés Arrimadas no jugarán esta carta. Preferirán forzar a que los eurodiputados se indigesten en una votación que no llevará, al final, a ningún sitio.

Sobre todo, porque hoy es seguro casi al 100% que Puigdemont, Comín y Ponsatí acabarán, si es su deseo, su mandato de cinco años como eurodiputados para el que fueron escogidos en mayo de 2019. Y eso no depende, llegado el caso, de que se les levante la inmunidad para ser juzgados sino de la sentencia final que, hoy por hoy, parece que ya está cantada. Retirar las euroórdenes sería otro camino, pero la justicia española no acostumbra a aprender de sus errores.