Pasó a principios del pasado mes de abril en Alemania y ha vuelto a suceder este miércoles en Bélgica: la justicia europea ha dado una nueva y sonora bofetada al juez Pablo Llarena y al Tribunal Supremo que ha venido avalando su instrucción contra el independentismo catalán. Los consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig vuelven a ser ciudadanos libres en un país libre una vez la justicia belga ha desacreditado la instrucción llevada a cabo por el juez Llarena. No habrá extradición como quería el Tribunal Supremo y, más allá de la posición cerrada de la alta magistratura española tras el revés sufrido, el Estado español ha sido herido en el sumario judicial más importante que ha tenido España entre manos en los últimos años.
Finalizada la batalla judicial belga, el resultado final de las euroórdenes es de tres a cero. Quedan pendientes otras tres: la del president Carles Puigdemont que está a media partida, una vez se ha descartado el delito de rebelión por el Tribunal de Schleswig-Holstein y es difícil que se acepte el de malversación, sobre el que no tardará mucho en pronunciarse la justicia alemana. En Escocia, la consellera Clara Ponsatí parece tenerlo igualmente bien encaminado, como en Suiza la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Son, en total, seis órdenes de extradición y alguien debería plantearse seriamente que sucede con la justicia española si cuatro países cuestionan las posiciones del juez Llarena. No debería costar tanto preguntarse si no será la justicia española la que se está extralimitando antes de hacer comentarios como el de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acusando a la justicia belga "de ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial demandada".
Que la trascendental decisión de la justicia belga se haya producido el mismo día que se cumplen siete meses -¡siete!- del encarcelamiento de los Jordis, Sànchez y Cuixart, no es una ironía del destino. Es la macabra situación en que se encuentran los nueve presos políticos en las cárceles de Estremera (Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Forn), Soto del Real (Sànchez y Cuixart) y Alcalá Meco (Forcadell y Bassa). Y que pone de manifiesto que la justicia española está dispuesta a sentarlos en el banquillo prescindiendo de lo que sucede en otros países europeos. Con la crueldad que ello supone y la injusticia que conlleva.
Lo hemos dicho en más de una ocasión, a idéntica jurisprudencia no puede haber delitos diferentes y eso es lo que están padeciendo los nueve presos en cárceles de las inmediaciones de Madrid. Una nueva serie de manifestaciones en la noche de este miércoles en las plazas catalanas ha puesto de manifiesto que la sociedad catalana no les olvida y les recuerda. La excepcionalidad del nuevo president de la Generalitat yendo a visitar a los que considera "rehenes" del Estado el próximo viernes remarcará una insólita situación tras la decisión de la justicia belga. Pero el estado español parece dispuesto a hacer oídos sordos.