Muchas veces, las estadísticas hacen mucho más que los discursos y el caso del uso del catalán en la Justicia es un ejemplo palmario de ello. Así, no cabe ser un lince para considerar un hecho muy negativo que tan sólo el 8% de las sentencias dictadas en 2015 se hayan redactado en catalán. Si, además, tenemos en cuenta que este porcentaje, en 2005, era cercano al 20% y que año a año ha ido retrocediendo hasta llegar al último conocido del 8%, la reflexión que uno debe hacerse no puede estar muy alejada de una gran preocupación. ¿Cómo es posible que en diez años se haya producido semejante retroceso a partir de una situación ya baja inicialmente?
Muchas son las causas, pero hay que situar entre las primeras la desidia de los diferentes ministros de Justicia para abordar una situación que ha llegado a preocupar al Consejo de Europa y a los miembros de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias de dicho organismo. Tanto es así que han pedido directamente la modificación de la ley para que solucione las trabas actualmente existentes y garantice el derecho de los ciudadanos a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales en el Estado español.
Nada de eso, sin embargo, parece preocupar al Consejo General del Poder Judicial y a su presidente, Carlos Lesmes, que también lo es del Tribunal supremo. Su visión es muy diferente y considera que el convenio firmado entre el Estado y la Generalitat, y que ofrece el dato ridículo del 8%, ha dado un resultado excelente. Cuesta de entender si hay raciocinio para llegar a esta conclusión. Aunque, quizás, es mejor que no nos lo explique, ya que no sería agradable escuchar que esa excelencia solo se superará y llegará a matrícula de honor cuando dentro de otros diez años el porcentaje sea la mitad del actual. O mejor, por qué no, esperar un poco más y que ya sea del 0%.