La decisión del tribunal correccional de París de inhabilitar a la política francesa Marine Le Pen por desviación de fondos públicos durante cinco años y de condenarla a cuatro años de cárcel, dos de ellos firmes, es, lejos de lo que pueda parecer a primera vista, una noticia incómoda. Cada vez más, la justicia está adoptando un papel en el mundo que acaba desembocando en una intervención en los procesos electorales en curso y con eso hay que tener mucho cuidado. No voy a defender a Le Pen, cuya ideología me repugna. Tampoco entraré en su culpabilidad o inocencia, ni el momento en que sale una sentencia sobre el desvío de fondos entre 2004 y 2016 hacia doce asistentes de diputados europeos del partido en aquellas legislaturas, mediante contratos ficticios. Es decir, estaban a sueldo de la Eurocámara y en realidad trabajaban para el partido. ¿Por qué será que eso no es tan extraño en 2025 y nadie más ha sido procesado ni en Bruselas, ni en Madrid, ni en Barcelona?

Que un juez intervenga de manera tan taxativa, impidiendo presentarse a una candidata que podía llegar a ser la próxima presidenta de la República francesa en las presidenciales previstas para 2027, es coger una senda embarazosa. En este caso, la malversación no comporta enriquecimiento personal, sino un desvío ilícito de un dinero público que no era para estos menesteres. En los últimos tiempos, cada vez estamos asistiendo a más casos en los que los ciudadanos pueden llegar a pensar que se está produciendo una persecución por parte de los jueces a gobernantes o aspirantes a asumir el poder. Lo piensan en España, sin ir más lejos, Pedro Sánchez y el gobierno socialista, que ha denunciado una persecución judicial de su familia para descabalgarlo del poder. Y también en Estados Unidos, donde Donald Trump denunció una persecución similar para impedirle acceder a la Casa Blanca. No son casos comparables, pero sí tienen en común una intervención de la justicia poco explicable para amplias capas de la opinión pública y, sobre todo, para sus respectivos seguidores.

Que un juez impida presentarse a las elecciones a una potencial presidenta de Francia es tomar una senda embarazosa

Antes, hace cuatro, cinco décadas o más, no existía esta sensación en la opinión pública. O, quizás, había una impunidad acordada que lo tapaba todo, como hemos podido confirmar, más recientemente, en España, con el caso del rey Juan Carlos, sus cobros de comisiones y la impunidad de la que ha gozado como jefe de Estado. Es un fenómeno relativamente nuevo que arrancó en Italia en 1992, conocido como Mani pulite, pilotado por un equipo de magistrados dirigido por Francesco Saverio y formado por el abogado y ex juez Antonio Di Pietro, la jurista Ilda Boccassini, el fiscal Piercamillo Davigo y Gherardo Colombo, que durante más de treinta años fue magistrado del Tribunal de Justicia, la Fiscalía de la República de Milán y la Corte de Casación. Aquel proceso, conocido como Tangentopoli, descubrió una extensa red de corrupción política que implicaba a los principales grupos políticos del momento, así como a diversos grupos empresariales e industriales, y numerosas autoridades, desde alcaldes hasta miembros del parlamento. Pero, a lo mejor, aquel buen camino iniciado en Italia ha tenido desviaciones que ahora cuestan más de explicar.

Sea como sea, Le Pen ha sido apartada y, en principio, no se va a poder presentar a las presidenciales. Veremos si es una ayuda indirecta más a la ultraderecha, que puede abanderar el discurso de la persecución judicial. A Trump, en Estados Unidos, no le salió precisamente mal y lo veremos alinearse con Le Pen, en una curiosa alianza en la que también estará Vladímir Putin. Por más que el presidente ruso ha tratado de cuestionar la democracia europea, ninguna lección puede dar Putin, que más bien se comporta como un dictador y ha establecido la más fuerte y personal autocracia, acabando con todas las instituciones tras 25 años de poder absoluto. Pero aunque sea así, la democracia tiene que ganar también la batalla del relato, algo que en muchos países es seriamente cuestionado. Y no todo es culpa de la red X, como fácilmente se nos quiere hacer creer. Entre otras cosas porque ante los errores cometidos hace falta tener delante un objetivo al que culpar y muchos han encontrado uno fácil e identificable por todos.