El jueves 26 de enero de 2017 el diario El País publicaba una información en su portada bajo el título de "Un senador de ERC reconoce ilegalidades en el proceso catalán". Y, seguía, en páginas interiores, con un entrecomillado de una frase del entonces juez suspendido Santiago Vidal: "Tenemos vuestros datos de manera ilegal" y un resumen de diversas conferencias pronunciadas por el senador en varias ciudades catalanas explicando como sería la Catalunya independiente. Aquella información era, en la práctica, el arranque de la actuación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en la macrocausa general contra el independentismo de estos más de dos años y que ha alimentado todas las investigaciones, actuaciones, registros, grabaciones telefónicas y algunas otras cosas más que se han llevado a cabo durante estos últimos tiempos.

Muy pocos días después de la publicación de la noticia, tan solo 18, supimos que el juzgado 13 había admitido a trámite una denuncia contra Vidal por presunta revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación presentada por el despacho de abogados de Miguel Durán, aquel famoso ex director general de la ONCE, que se paseó por todas las tertulias, llegó a militar en Unió y en el año 2009 fue el cabeza de lista en las elecciones europeas de la coalición Libertas-Ciudadanos de España, en la que se integraba el partido de Albert Rivera. Una formación naranja, Ciutadans, entonces desconocida, fundada en 2006 y que aquel mismo año lograría tres escaños en el Parlament.

Es bueno recordar todo ello el dia que el juzgado 13 ha decidido procesar hasta una treintena de altos cargos de la Generalitat y de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) -que engloba los medios públicos TV3 y Catalunya Ràdio- pero no por lo que inició la investigación sino por el referéndum del 1-O y, claro, entre ellos no está Santiago Vidal. El exsenador a quien, por otro lado, el Supremo autorizó el pasado mes de marzo el reingreso en la carrera judicial. Vidal fue en el 2017, simplemente, un cabeza de turco, como lo fue también Carles Viver i Pi-Sunyer, que también ha estado imputado durante dos años mientras se hablaba y se publicaba que eran investigados por rebelión y sedición. Como todo el mundo sabe, el magistrado del 13 que abrió la causa, Juan Antonio Ramírez Sunyer, falleció el pasado noviembre y el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tuvo un sentido reconocimiento hacia el finado en una carta en la que le decía sin rodeos que "cambiaste el rumbo de la historia de nuestro país".

La nueva titular del 13, Alejandra Gil Llima, acusa en diferente grado a los 30 procesados de delitos de malversación de dinero público, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y de prevaricación, y fija una disparatada fianza compartida de 5.803.068,67 euros, con la amenaza del embargo de bienes si no se paga. La macrocausa era sobre todo eso: atemorizar piezas específicas del independentismo para que en el futuro no vuelva a suceder.