El sexto suflé desde el año 2012 subió y subió durante toda la tarde de este lunes sin que el Gobierno español y los contrarios al referéndum del 1 de octubre fueran capaces de dar una respuesta entendible que no fuera la que se había elaborado en los argumentarios oficiales desde horas antes de la multitudinaria manifestación de este lunes: hay menos gente que otros años; el independentismo va de baja. Un millón de personas, dijo la Guardia Urbana de Barcelona. Bastantes más, dijeron las entidades convocantes. Bastantes menos, señalaron desde la Delegación del Gobierno español. La posición del corresponsal de The New York Times, Raphael Minder, es un buen resumen de la manifestación: su sexta Diada como representante del NYT y aún asombrado porque los catalanes protesten pacíficamente en su fiesta nacional.

En realidad, por un año, el número de personas que acudió a la convocatoria en el centro de Barcelona es poco importante. Lo reseñable, lo que realmente tiene una significación política que debería hacer reflexionar al poder político español, a las instituciones, a la jefatura del Estado, a los medios de comunicación -algunos de ellos convertidos en auténticos hooligans y cercanos al golpismo-, a las instituciones financieras, a sindicatos y patronal, a intelectuales, a la gente del arte y el espectáculo, a los deportistas y a los miembros de todas aquellas disciplinas profesionales que tienen algo que decir, es que un millón de personas desafiando al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía y a los tribunales ordinarios de justicia salieron a la calle para acompañar al Govern de Catalunya en su convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

Eso es lo sustantivo. Lo que escapa del relato artificial que se trata de imponer desde Madrid en un momento enormemente complejo en que se ha optado desde la Moncloa por no hacer política y dejarlo todo en manos de los tribunales. Y se ha iniciado así una causa general, porque hay que decirlo así, contra el independentismo. No contra sus máximos responsables políticos, el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament. El salto del Estado ha sido abismal en las últimas 72 horas: un millar de personas han sido advertidas a través del Boletín Oficial del Estado de que si siguen las instrucciones del Govern pueden ser inhabilitadas o acusadas de prevaricación y quién sabe si de malversación de caudales públicos. Realmente, ¿se pueden presentar querellas criminales contra cientos o miles de personas por colocar las urnas el 1 de octubre? En esta encrucijada han situado al Gobierno español las reivindicaciones de Catalunya.

Y eso que las noticias que llegan desde Madrid son que se ha actuado con contención a la espera de que pasara la Diada. Y que a partir de este martes subirá varios escalones la represión del Estado. A eso solo se le puede llamar ceguera. No hay otra palabra ni más precisa, ni más corta.