La reelección de Jordi Cuixart como presidente de Òmnium no es un gesto de humanidad. Es sobre todo una respuesta política de la entidad cultural a la represión y a la violencia que ha usado el Estado para debilitar el movimiento independentista catalán. Cuixart lleva ya ocho inexplicables meses en el penal de Soto del Real, donde el juez Pablo Llarena lo mantiene en prisión provisional, después de haber descartado todas y cada una de las peticiones de libertad y de traslado a cárceles catalanas que le han formulado los nueve presos políticos catalanes.

El Tribunal Supremo o el Constitucional, que han impedido con subterfugios legales tanto la reelección del president Carles Puigdemont como las investiduras de Jordi Sànchez y Jordi Turull a la presidencia de la Generalitat, y el Gobierno español, que se negó a publicar en el DOGC la lista del primer Govern del president Quim Torra porque figuraban en ella consellers en prisión, no han podido hacer nada en el caso de la reelección de Cuixart. Han tratado, eso sí, de perseguir a la entidad cultural como si de una organización criminal se tratara, con registros policiales en enero y marzo de este año, en búsqueda de documentación que con un simple mandamiento judicial se les hubiera entregado obligatoriamente.

La respuesta a cada registro policial era una avalancha de nuevos socios, que en la actualidad ya son 120.000, una cifra que dobla la de hace muy pocos años. Que una entidad como Òmnium, fundada el 11 de julio de 1961, no haya tenido hasta el pasado mes de octubre ningún presidente en prisión por razones políticas da idea de cuál es la situación actual de las libertades en España. Que los presos políticos Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez también sean, además de consellers, presidenta del Parlament o expresidente de la ANC, socios de Òmnium no es ninguna casualidad.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez debe una respuesta a tanta injusticia. La comodidad de las cuatro paredes de la Moncloa seguro que no invita a ello. Tampoco el clima que ellos mismos —junto al PP y Cs— han creado en las calles. Sus primeros pasos son decepcionantes, empezando por las mentiras del nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sacándose de encima la responsabilidad del traslado de los presos políticos catalanes. Sánchez tiene margen y bien que lo sabe.

Diálogo y perseverancia pedía este sábado Jordi Cuixart. Parece fácil, pero no lo es. Hace muchos años que la parálisis política se apoderó de Madrid y dejó paso solo a las amenazas y la represión. O a las palabras vacías. Decía el president Torra que el independentismo ya está sentado a la mesa esperando para negociar. ¿Y tú, Sánchez?