Comparto la decisión de la Conselleria de Salut de retirar las mascarillas en interiores, excepto en espacios especialmente sensibles, que todos podemos identificar fácilmente, por dos motivos: el primero, porque siempre que puedo prefiero alinearme con las decisiones de mi gobierno y, en este caso, lo considero razonable y acertado; en segundo lugar, y en este caso es más importante, porque estoy hasta el gorro que una decisión como si en Catalunya se ha de llevar o no mascarilla en espacios cerrados tenga que venir predeterminada por el ministerio y por una decisión adoptada en el marco de la reunión de todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. ¿Realmente es necesario que Catalunya tenga voz y voto sobre lo que deben hacer Madrid, Extremadura o Melilla en un tema tan específico como este? Y, obviamente, a la inversa: ¿sabrá más el ministerio o bien las comunidades de Aragón o Murcia sobre lo que debe hacer Catalunya?

Ya sé que la política de pasar por el aro es la que ha acabado imponiéndose, pero ¿hasta estos extremos? Al final sí que los márgenes de autonomía, en este caso de arbitrariedad o de subjetividad, se van haciendo tan pequeños que acaba quedando muy poco margen de decisión y eso no solo debería ser un problema para los independentistas, sino también para aquellos defensores de una descentralización que sostenían la necesidad de acercar el centro de decisiones políticas a donde estaban los afectados. Se llamaba el principio de subsidiaridad, una palabra que ciertamente ha caído en desuso y no forma parte del lenguaje político español actual.

Este miércoles hemos sabido, por una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, a partir de ahora, los exámenes de selectividad tendrán que ser repartidos también en castellano y que se han declarado nulas las instrucciones de las pruebas de acceso a la universidad del año pasado en aquellas cuestiones referentes a la lengua. No hay semana en que en materia lingüística y de protección del catalán no se pierda una posición y lo más grave es que no se vislumbra el final. El TSJC no se conforma con que se reparta en castellano si algún alumno lo solicita, sino que obliga a que las pruebas se tienen que distribuir en las dos lenguas sin primar una respecto a la otra. En este sentido sostiene que con la fórmula de la Generalitat el alumno que quería el examen en castellano se tenía que significar y eso atentaba contra sus derechos.

Se podría pensar que la mascarilla y la obligatoriedad de los exámenes de selectividad en castellano tienen poco que ver. Pero no es así. Supone en el fondo, desde estamentos diferentes, la política y la justicia, ir recortando la autonomía. La idea de recentralizar, a veces a zancadas y otras a pequeños pasos aunque significativos, está en la base de una España uniforme que se trata de moldear a marchas forzadas, pero que tiene su origen en el cerrojo autonómico del año 2000 con la mayoría absoluta de José María Aznar y con la que se encuentran cómodos tanto los socialistas como el conjunto del establishment español. Siempre una competencia exclusiva menos.