No es ninguna casualidad que, coincidiendo con el tercer aniversario de los hechos de octubre de 2017, que tuvieron sus días más remarcables en el referéndum el día 1, la declaración de independencia en el Parlament del día 27 y la llegada del president Carles Puigdemont y varios consellers de la Generalitat a Bruselas el día 30 para iniciar un exilio que aún dura, el Estado español haya iniciado un desesperado intento para situar en el foco a tres personalidades independentistas de la sociedad civil como son David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler. Todos ellos de sobras conocidos por su trayectoria política o activista antes y ahora empresarial y que han pasado más de 48 horas en comisaría hasta quedar en libertad con cargos.
La llamada operación Volhov, de tan gran e innecesaria dimensión policial y mediática, no tiene ya ningún detenido de entre las 21 personas que inicialmente sí que lo fueron, aunque la denominada pena de telediario ha hecho una vez más su función: situarlos en el centro del escenario con todas las consecuencias que ello tiene. El ministerio fiscal no pidió medida alguna para ninguno de los detenidos. Pero los teléfonos, ordenadores y demás material electrónico de muchos de ellos sí que han quedado para ser vaciados en manos de la Guardia Civil ya que el juez Aguirre así lo había autorizado en sus interlocutorias.
Aunque el resultado final ha sido la libertad de todos los detenidos, la operación policial ha sido la de más calado político en mucho tiempo. Ello explica que, tres años después, nada ha cambiado, el objetivo de descabezar todas las hipotéticas estructuras del independentismo no ha variado y la represión continua vigente. La operación Catalunya, más allá de los actores que la encarnan, a veces de manera ilegal y otras, al menos, con apariencia de legalidad, ha venido para quedarse aunque sea con hilarantes informes de la Guardia Civil o interlocutorias judiciales. O con supuestos soldados rusos dispuestos a apoyar la independencia de Catalunya.
Políticamente hablando hay también otra novedad: el foco de la Guardia Civil con esta operación pasa de la antigua Convergència, o las formaciones sucesoras en que ha ido evolucionando aquel partido otrora hegemónico en Catalunya, a Esquerra Republicana. Nada pasa por casualidad y aunque las teorías pueden ir de que con ello se desestabiliza al gobierno de Pedro Sánchez al que Esquerra apoya en ocasiones o del interés porque el partido republicano aparezca envuelto en algún caso de corrupción después de una historia de 90 años, o por ambas cosas a la vez, lo cierto es que la operación policial tenía un destinatario perfectamente definido. La información que está saliendo, siempre oficiosamente pero a través de los medios de comunicación habituales, no deja lugar a dudas. Y en los próximos días seguirán así.
Quizás ha llegado el momento de que los partidos que son objeto de la persecución sepan leer que con la división actual es muy difícil que puedan hacerle frente. Son ya demasiados avisos para no querer darse cuenta y continuar mirando hacia el tendido.