La conversación entre Alicia Sánchez-Camacho y el comisario Villarejo, que hemos podido conocer ahora a través de unos audios demoledores y que datan de noviembre de 2012, unas semanas antes de las elecciones catalanas de aquel año, en la que la entonces máxima dirigente del Partido Popular en Catalunya le pide ayuda para investigar lo que no es otra cosa que una lista negra de políticos y profesionales, es sencillamente repugnante. Escuchar a la dirigente popular cómo facilita nombres, datos, teléfonos y sitúa a diversas personas en el punto de mira del trabajo sucio que luego haría la denominada policía patriótica y las cloacas del estado, hasta el extremo de que de unos se inventarían impunemente noticias falsas y de otros se buscaría su destrucción profesional por el simple hecho de simpatizar con las demandas de una mayoría de la sociedad catalana, es lo más cercano que se puede estar a la degeneración de lo que nunca debería ser la actividad política.

La Operación Catalunya fue una operación de estado puesta en marcha en los despachos oficiales con la aquiescencia no solo de varios ministros sino del mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El objetivo era fulminar a los dirigentes independentistas e impedir sus mayorías políticas en el Parlament, algo que en buena medida se consiguió con fake news que se publicaron en el diario El Mundo y que alteraron el resultado que daban las encuestas. Lo resume perfectamente una de las frases que pronuncia Villarejo mientras Sánchez-Camacho le va dando diferentes nombres y las explicaciones correspondientes sobre quienes dice que hay que investigar —Artur Mas, Oriol Pujol, Josep A. Duran i Lleida, Enrique Lacalle (al que acusa de ser agente doble), Jaume Giró, Carles Sumarroca o yo mismo— y tener la máxima información posible: "Esta guerra que haremos es para que estos tíos [se refiere a Convergència i Unió] no tengan mayoría absoluta, pero el día 26 —el siguiente a las elecciones del día 25 de noviembre de 2012— se tiene que continuar trabajando al máximo".

Y claro que siguieron trabajando muy a fondo. Hicieron de todo, no solo lo legalmente permitido, sino sobre todo lo que estaba fuera de la ley para lograr su objetivo político, amedrentrar a empresarios e intentar hundir profesionalmente a cualquiera que fuera sospechoso de acercarse al independentismo o, tan solo, de respetar la actuación del Govern elegido por los ciudadanos. Hubo una auténtica caza de brujas que avergonzaría a más de uno si se pudiera saber todo el daño que se llegó a hacer bajo el argumento de querer preservar la unidad de España, pero también aprovechar la situación para dar el golpe de gracia al partido que había tenido la hegemonía política en Catalunya desde los años ochenta. Una cosa iba con la otra. Con lo primero ganaba la derecha y, con lo segundo, la izquierda.

El ahora conseller de Economia, Jaume Giró, que ocupaba en aquellos años el cargo de director general adjunto de CaixaBank y que a partir de 2014 fue nombrado director general de la Fundación Bancaria La Caixa —la tercera del mundo por volumen de activos—, cargo que abandonó en 2019, ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para que investigue los hechos, que considera de extrema gravedad y una vulneración de los derechos fundamentales. Será una denuncia privada y particular ya que en el momento de los hechos no participaba en la vida política ni tenía ninguna responsabilidad pública. Mientras, Sánchez-Camacho, ahora diputada del PP en la Asamblea de Madrid y también senadora, guarda silencio. No ha dado ninguna explicación pública porque en Madrid estas cosas se protegen y se premian. Todo vale cuando el objetivo es destruir al rival, al adversario o, simplemente, a quien tiene unas ideas diferentes.