No hace tantos días que el expresidente del Gobierno José María Aznar, ante el inminente acuerdo sobre la amnistía entre el PSOE y Junts, hacía el siguiente llamamiento a la derecha española, pero también más allá de su propio espacio político y sociológico: "La inhibición no tiene hueco. Todo menos inhibirse. Uno puede hacer muchas cosas: el que puede hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva". Fue el pasado 2 de noviembre, y desde aquel día se han movido tantos colectivos, se han desplazado fuera de los cauces democráticos tantos estamentos, ha emergido una España tan intolerante y tan frentista, que la situación del momento es de una enorme gravedad.

El franquismo sociológico ha salido claramente de sus cuarteles de invierno y estamos viviendo en directo a una situación claramente golpista. Sin matización alguna que suavice una frase tan grave en cualquier país. El estado profundo, el deep state, sus terminales políticas, mediáticas y judiciales, han decidido que Pedro Sánchez no puede continuar ni un minuto más como presidente del Gobierno. Un estado se sustenta institucionalmente, más allá del gobierno y del parlamento, en la judicatura —jueces y fiscales—, la seguridad —Policía y Guardia Civil—, el cuerpo diplomático y los altos funcionarios —abogados del estado, inspectores de hacienda y de la seguridad social—. Desde todos estos ámbitos se alzan colectivos tratando de visualizar una fotografía compacta de emergencia nacional. Uno de estos grupos, la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), una de las organizaciones más representativas de este cuerpo policial, ha emitido este viernes un comunicado amenazador e intolerable contra la amnistía, en el que dice: "Estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".

El franquismo sociológico ha salido claramente de sus cuarteles de invierno y estamos viviendo en directo a una situación claramente golpista

Aznar ya tiene su ejército formado y en posición y ha empezado la segunda fase de su ofensiva con el documento publicado por la FAES este viernes y titulado Conjura destituyente. "La indignación, además de su expresión legítima y pacífica, no puede llenarlo todo. Hay que hacer valer la institucionalidad democrática, española y europea, para afrontar lo que empieza por ser un desafío al pacto constitucional y se transforma en una amenaza a la integridad nacional y a la ciudadanía en igualdad". "Es, por tanto, la hora de las instituciones del estado de derecho, de la sociedad civil organizada, de la solidaridad de quienes no aceptan la deriva iliberal que imprime el Partido Socialista y sus socios secesionistas arrollando los derechos de la ciudadanía, la independencia judicial, los consensos fundacionales de la democracia y la propia verdad histórica que busca subvertir la realidad para hacer pasar por gesta heroica lo que fue una intentona golpista". Y marca el paso a Alberto Núñez Feijóo para que salga de su despacho de la calle Génova y pase de las palabras a los hechos: "El margen para las declaraciones de los que realmente se oponen a esta indignidad está ya más que agotado. Ya solo cabe juzgar hechos, no palabras".

Vamos a ver en qué se traduce todo ello, que, además, va acompañado de una respuesta intensa en la calle  muy focalizada en el odio a lo que se ha dado en llamar el sanchismo y lo que desde Madrid se identifica como su pareja de baile en todo este cambio político, Carles Puigdemont. El documento suscrito entre Sánchez y Puigdemont y la lectura sesgada que se ha querido hacer de cuestiones que se han de empezar a discutir ahora, ha abierto en canal la confrontación entre las dos Españas. Dos Españas que no son exactamente la de la derecha y la izquierda, sino la golpista y la que ha hecho de la necesidad virtud y ha tragado el número de sapos suficientes para mantenerse en la Moncloa. Y eso el PSOE lo ha jugado bien, extraordinariamente bien: estarán todos los diputados que puede juntar Pedro Sánchez —179 parlamentarios— frente al PP, Vox y UPN. Los últimos, los nacionalistas vascos del PNV, que, siguiendo una antigua tradición, ha sacado brillo de la negociación.