Leo muchos análisis estas últimas horas en Catalunya y en España, pocos a favor y muchos en contra, dicho sea de paso, ante el hecho de que Carles Puigdemont no decidiera librarse a la policía; a la española en la frontera de La Jonquera o a la catalana en Barcelona, y entregarse sin oponer resistencia alguna. Todo ello, seguramente, para pasar un tiempo largo en la prisión de Estremera o en la de Soto del Real y que el Tribunal Supremo pudiera, al fin, cobrarse la pieza que persiguen con ahínco y desmesura desde 2017. En este popurrí de opinadores y de editoriales de diario, pasa o se intenta que pase desapercibido, como si fuera una cosa insignificante y, en cambio, es nuclear, el hecho de que, aprobada la ley de amnistía por el Congreso de los Diputados el pasado 31 de mayo, Puigdemont y todo el resto de represaliados tendrían que haberse podido acoger a ella sin problema alguno, si no se hubieran hecho verdaderas tropelías para impedirlo. ¿Por qué no se dice que el nudo gordiano de lo que sucedió el jueves en Barcelona es que la alta magistratura española no ha aceptado aplicar la ley de amnistía?

Lo hemos de leer en la prensa extranjera como antaño, sea más bien de derechas, liberal o de un cierto tinte socialdemócrata. Pero, aquí, hay una amnesia interesada cuando está por en medio el Tribunal Supremo u otras instancias judiciales, salvo cuando se trata de Pedro Sánchez: entonces sí que La Vanguardia o El País se sienten interpelados como guardia de corps de la Moncloa. Porque no pueden señalar, como la revista norteamericana Newsweek, que la negativa del Supremo a aceptar la ley aprobada por el Parlamento, que concede la amnistía a los políticos catalanes, ejemplifica otra faceta de extralimitación judicial y desafía directamente a la soberanía legislativa, en un intento de frenar cualquier nuevo propósito de independencia catalana persiguiendo a Carles Puigdemont en una acción que socava el sistema democrático. 

¿Por qué no se dice que el nudo gordiano de lo que sucedió el jueves en Barcelona es que la alta magistratura española no ha aceptado aplicar la ley de amnistia?

Se puede poner la carga de la prueba en Puigdemont, pero eso es tanto como hacerse trampas al solitario, una vez que a los magistrados Pablo Llarena o Jesús María Barrientos les han tirado de las orejas. El president hizo sus deberes: llegó a Barcelona con tiempo suficiente el pasado martes, tenía un discurso mucho más que esbozado para la sesión de investidura de Salvador Illa, y con su equipo de seguridad se sopesaron todas las opciones para tratar de entrar en el Parc de la Ciutadella, donde está la sede del Parlament de Catalunya. El dispositivo policial de los Mossos, puesto en marcha a principios de semana, de una proporción más propia de una amenaza de atentado que de cualquier otra cosa, hizo descartar cualquier posibilidad de una acción sorpresa previa a la investidura, que le permitiera acceder a la cámara catalana. Además, había que calibrar los efectos de una reacción desproporcionada de los Mossos, como así se vio luego, cuando los agentes lanzaron gas pimienta a los manifestantes, sin que se hubiera producido una situación lo suficientemente violenta que lo justificara.

No se podía entrar en el hemiciclo, participar como uno de los 135 diputados en la investidura de Illa e intervenir como presidente del grupo parlamentario de Junts, y no había razones políticas para llevar más allá la participación en el mitin de bienvenida ante sus simpatizantes. Ante esta situación, solo había dos opciones: librarse a las fuerzas de seguridad para ser detenido o desaparecer con rapidez y en medio del caos reinante tratar de emprender viaje de regreso a Waterloo. La decisión era fácil. El éxito, en cambio, era difícil. Salió bien y llegó libre, tras cruzar la frontera por la Jonquera. El juez Llarena no tiene al president detenido y ya ha empezado a pedir explicaciones a Interior, a los Mossos, al ministro Marlaska y a la ministra de Defensa para saber los “elementos que determinaron el fracaso” del operativo policial. Los informes no podrán ser como las explicaciones públicas culpando a Puigdemont. Dudo que se conforme con algo tan naif.