No deja de ser aleccionador que sobre lo que escandaliza en muchas cancillerías y medios de comunicación internacionales, en Madrid haya siempre tanto consenso. En la zafia actuación del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, y de su departamento, en el espionaje de las delegaciones catalanas en el extranjero –al menos en Berlín, Londres y Ginebra– ya se produjo un cierre de filas entre PSOE, PP, Cs y Vox. Así, el denominado Borrellgate, que no deja de ser una persecución ideológica en toda regla, quedó en las Cortes españolas absolutamente sepultado, algo que suele suceder entre los partidos constitucionalistas cuando se trata de desterrar un debate al precio que sea.

Este martes, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha vuelto a pasar. Alianza de hierro en defensa de España Global –el organismo dirigido por Irene Lozano, ex-UPyD– y del falso informe elaborado para desprestigiar el proceso independentista catalán en el extranjero. Las fuerzas independentistas solo encontraron el apoyo de Unidas Podemos y, consecuentemente, Borrell no tendrá que dar explicaciones. Situado el PSOE en posición de ariete contra el procés, las formaciones del trifachito solo tuvieron que subir un grado la crítica, considerarlo blando, pedir a todos los ministros de Pedro Sánchez que se comporten como el de la Pobla y proteger al titular de Exteriores como si fuera una especie en extinción en las filas socialistas, cosa cada vez más improbable.

Son incontables las veces en que el clásico desencuentro de las formaciones españolas al hilo de cualquier debate que se pueda producir, desaparece por completo cuando lo que está en discusión es posicionarse en contra de una demanda independentista. Tanto da que tengan razón o que el asunto sea tan escandaloso como la actuación de España Global. Lo importante, lo trascendente, es no dar tregua al Govern y a los partidos que le dan apoyo. Aquí, los cuatro partidos constitucionalistas se ponen rápidamente de acuerdo aun a costa de que Irene Lozano haya elaborado un documento que sería impensable en cualquier otro país de la UE por el cúmulo de falsedades que contiene o porque viole la presunción de inocencia de los líderes independentistas en prisión provisional  y juzgados por el Tribunal Supremo.