Aunque han pasado más de doce horas desde las primeras detenciones llevadas a cabo dentro de la nueva ola de represión contra el independentismo cuesta hacerse una idea del nexo de unión de las diferentes operaciones policiales llevadas a cabo este martes. Y cuando no existe una explicación mínimamente sólida uno solo puede llegar a una conclusión: el objetivo es, una vez más, atemorizar al movimiento soberanista, dejar meridianamente claro que la represión no se ha acabado y que las causas judiciales van a seguir siendo el camino hasta que no haya una rendición en toda la regla. No basta el alargar la situación actual de bloqueo en que el independentismo no avanza y se limita a retroceder lo menos posible. Tampoco que se trate de explorar la vía del diálogo como alternativa a la confrontación. Tiene que haber una claudicación en toda la regla.

Porque ¿a las personas de mayor reconocimiento público de los detenidos de qué se les acusa? Véase el caso del exconseller Xavier Vendrell, el empresario David Madí y el editor Oriol Soler. Del cuarto, Josep Lluís Alay, puesto en libertad antes de mediodía, se quiso tirar del hilo de un tema del Fórum Crans Montana, en Suiza, por 5.000 euros que estaban correctamente facturados y al que había asistido el president Carles Puigdemont. Del resto, una docena y media de personas, algunos habían sido puestos en libertad con cargos y otros seguían prestando declaración en el cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona, bien entrada la noche. En total, 21 personas conectadas a través de diferentes relatos de la Guardia Civil que, por experiencias anteriores, hay que poner muy en cuarentena. La desbordada imaginación con la que han elaborado otros informes precedentes se reproduce también en este en varios de los episodios pero el más excéntrico de todos ellos es el que apunta a que Rusia habría ofrecido al president Puigdemont el 2017, en pleno proceso de independencia, pagar toda la deuda de Catalunya y 10.000 soldados de aquel país a su disposición.

De este relato de la policía la interlocutoria judicial infiere lo siguiente: "En caso de haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado al Estado con un incierto número de víctimas mortales." No es extraño que la embajada rusa se haya, literalmente, descojonado, y haya tirado de humor afirmando que a la cifra de soldados le faltan dos ceros (serían un millón) y que las tropas tenían que haber sido transportadas en dos aviones montados en Catalunya durante la Guerra Civil y escondidos hasta ahora en un sitio seguro de la sierra catalana. Si este delirante relato fuera cierto supongo que el embajador español habría sido llamado en algún momento a consultas, se habrían roto las relaciones diplomáticas entre España y Rusia y la Unión Europea habría tomado cartas en el asunto. Además de hacerse añicos el relato de que Catalunya no tendría aliados internacionales que con tanto ahínco ha defendido el gobierno español.

Cuesta creer que esté sucediendo tal dislate, más propio de la película ¡Que vienen los rusos, que vienen los rusos!, la comedia de Norman Jewison de los años sesenta, que TV3 podría reponer cualquier día de estos y que relata las vicisitudes de un submarino ruso que atraca por error en la costa norteamericana. El filme de humor de aquella situación que trastoca la vida de una pequeña localidad de Nueva Inglaterra daría con seguridad para una nueva entrega cinematográfica con la triangulación Catalunya, Rusia y España.

No son buenos tiempos para la verdad policial y judicial. El caso del major Trapero ha dejado al descubierto tantas cosas y tan peligrosas en un estado de derecho que es lógico que se quiera ir a taparlas como se pueda y a la mayor velocidad posible. Quizás por eso se ha querido mezclar los soldados rusos llegando a Catalunya para asegurar la independencia, con financiación de Tsunami Democràtic y un caso de presunta corrupción urbanística en el Maresme. Demasiados ingredientes diferentes.