A pocos días de que se conozcan las sentencias del Tribunal Supremo sobre los presos políticos catalanes -la fecha más lejana que se baraja para que se hagan públicas es la del lunes 14, la víspera del aniversario del fusilamiento de Lluís Companys en el castillo de Montjuïc, en 1940- el Estado español empieza a engrasar su maquinaria para dar respuesta a lo que será sin duda la noticia del año. Y que, en función de lo que acabe sucediendo, impactará no solo sobre la vida política y su efecto se notará de una manera u otra durante mucho tiempo.

Hay una calma tensa tanto en el Palau de la Generalitat como en el Parlament de Catalunya. Y una actividad frenética en algunos de los organismos oficiales de Madrid. Las elecciones españolas del 10-N Pedro Sánchez las ha hecho coincidir con la sentencia y lo que quiso ser una jugada genial para subirse a lomos de una actuación contundente del Estado español contra el independentismo catalán puede acabar teniendo derivadas imprevistas que jueguen, quién sabe, en contra de los socialistas. Lo cierto es que el único beneficiado, según las encuestas, del movimiento electoral de Sánchez es el Partido Popular.

De ahí que el PSOE trate desesperadamente de presentarse ante ese electorado de centro español desencantado de Ciudadanos como su alternativa en vez del PP. Pero en este caladero Sánchez ha sido poco fiable en la España profunda en todo el conflicto catalán. Necesita cada día hacer nuevos gestos para hacerse creíble en ese electorado. Todos los informativos abren a diario con iniciativas del Ejecutivo español en contra de la mayoría política y social de Catalunya. Este viernes hemos conocido dos: un acuerdo del Consejo de Ministros contra diferentes resoluciones aprobadas por el Parlament de Catalunya en defensa del derecho a la autodeterminación y de reprobación del rey Felipe VI ante el Tribunal Constitucional. Y, sobre todo, la petición del Ejecutivo español al TC de que advierta al president del Parlament y la Mesa sobre las consecuencias de ignorar este aviso y de eludirla en el futuro directa o indirectamente. La notificación al TC tiene por objeto bloquear en la Cámara iniciativas que, en la práctica, no son otra cosa que posicionamientos ideológicos de unas formaciones políticas y que se sitúan en el ejercicio de la libertad de expresión. Es obvio que así no lo entiende el TC, que quiere tener lo máximo de bien atado posible las respuestas que puedan haber desde las instituciones catalanas.

La segunda iniciativa del gobierno Sánchez tiene que ver con una campaña internacional de España Global, que se llevará a cabo a través de 215 embajadas, loando los valores democráticos de España. Hará falta algo más que un vídeo de dos minutos titulado La democracia se toca para que la imagen internacional de España mejore y se saque de encima las acusaciones de recorte de libertades y de persecución del independentismo catalán. Un Estado que tiene permanentemente que hablar de lo bien que funciona su democracia está, cuando menos, en observación. Eso no lo acostumbran a hacer los países de nuestro entorno, que dedican los recursos públicos a cosas de mayor interés y no a la propaganda barata repleta de fake news para desacreditar al independentismo catalán.