Después de leer este lunes varias veces las declaraciones de Cristóbal Montoro, en las que manifiesta con una contundencia meridiana que con dinero público no se pagó el referéndum del 1 de octubre, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene dos opciones: citar inmediatamente al ministro de Hacienda como testigo para que se ratifique en sede judicial de lo que afirma o poner con la mayor celeridad posible en libertad provisional a los presos políticos catalanes internados en cárceles madrileñas. Simultáneamente a todo ello, debe hacer una cosa más: modificar todas las euroórdenes cursadas en Bélgica, Alemania, Reino Unido y Suiza, ya que el delito de malversación no existe. En este caso, el ministro no habla de oídas ya que aunque la suspensión de la autonomía mediante el 155 se produjo varias semanas después del referéndum, Hacienda ya había tomado el control de las finanzas de la Generalitat desde mediados de septiembre.

Lamentablemente, nada de todo ello sucederá puesto que aquí lo que hay en juego no es un pulso por la verdad sino otro por imponer el relato en la opinión pública. Como viene preguntándose con intención manifiesta Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, el juez Llarena ¿es el juez independiente previsto en la Constitución o se ha independizado de la ley hasta convertirse en el juez caprichoso que se ha considerado que no está sometido a la Constitución? Y sigue: ¿Con base a qué ley va a justificar su auto el juez instructor? A Llarena le ha sucedido un imprevisto -o no- y la causa le ha empezado a hacer aguas por donde, seguramente, menos esperaba. ¿De qué malversación se puede hablar si no se ha gastado dinero público para el referéndum? Hombre, parece de chiste decir que se puede incurrir en un delito de malversación y una pena de hasta doce años de cárcel por los gastos derivados de abrir una serie de centros públicos para aquella jornada de votación o por el consumo eléctrico que se pudo producir en el 1-O.

El ministro Montoro buscando, seguramente, su defensa como responsable de la gestión económica de la Generalitat, ha facilitado un balón de oxígeno muy importante a toda la causa catalana. Se podrá decir que meses atrás ya se había pronunciado en esta dirección pero siendo verdad, ahora ha tenido tiempo más que suficiente para llegar hasta el último de los papeles de la Generalitat intervenida. El resultado de sus pesquisas, sin embargo, no ha variado. Hay que confiar que en el caso del president Puigdemont, por ejemplo, y una vez que la justicia alemana ya ha descartado el delito de rebelión, los abogados defensores puedan aportar una pieza tan interesante. Aunque el imprevisible Montoro suele ir por libre -su biografía está repleta de ejemplos al respecto- no es ningún político novato y no suele decir lo que no quiere. El porqué es lo que no tiene una explicación aparente.