Seis horas es lo que ha tardado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en plantar cara a la Agència Tributària Catalana que por la mañana habían presentado Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y de la que habían recalcado que tenía un potencial de recaudación de 42.000 millones de euros. La respuesta de Montoro no se ha limitado a considerar inviable la agencia, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, sino que ha ido bastante más allá al advertir a los ciudadanos que los impuestos solo se pueden liquidar ante la administración estatal y que se procederá incluso penalmente contra cualquiera que no respete la actual legislación.

Es obvio que en la semana clave de la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament y a 48 horas de que el Govern firme el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre, Montoro ha querido marcar paquete. Entre otras cosas, porque la entrada en vigor de la agencia tiene mucho que ver con dos cosas cuyo resultado final, en parte, se desconoce: en primer lugar, qué sucederá el 1 de octubre, cuánta gente acudirá a votar y que implementación hará el Ejecutivo catalán del resultado. Es cierto que los partidos unionistas siguen no aceptando la celebración del referéndum pero al mismo tiempo se han empezado a publicar encuestas en diarios de Madrid con datos de participación (alrededor del 68%) y resultados (el sí ganaría por varios puntos). E incluso Tele5 realizó en la noche del domingo un programa de televisión de cuatro horas, con un contador de los días que faltan para el 1 de octubre y con diferentes mesas redondas que han debido ser desconcertantes para los espectadores españoles a los que el único mensaje que les llega es el disparate de que el referéndum es un golpe de estado.

Pero el recorrido de la Agència Tributària tendrá también que ver con una variable imposible de evaluar en estos momentos. Una cosa es si los impuestos en la agencia catalana los acaban pagando unos centenares de personas y otra cosa es si los pagan decenas o cientos de miles de personas. El primer escenario otorga toda la fuerza al Estado español pero en la segunda hipótesis es obvio que no se puede abrir una causa general contra una participación muy importante de los declarantes catalanes. Ahí radica el quid de la cuestión del que no ha hablado el ministro ya que el último escenario sería ingestionable para la Hacienda española. En cualquier caso, no estamos ahí. Estamos simplemente en la propaganda y la amenaza.

Vale la pena, sin embargo, reseñar el salto cualitativo del discurso del gobierno español en la escalada del miedo. Las advertencias ya no van dirigidas al Govern, al Parlament o a los cargos electos. El foco se pone directamente en los ciudadanos que, en todo caso, libremente pudieran adoptar la vía tributaria catalana. Tanto hablar de si la Generalitat se escudaba en los funcionarios a la hora de llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre y ahora resulta que el primer mensaje del gobierno español de la semana se dirige directamente a los contribuyentes.