El ímpetu y la agresividad con que se han lanzado Partido Popular, PSOE y Ciudadanos contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por haber cedido el auditorio Caja de Música al president Puigdemont, al vicepresident Junqueras y al conseller Romeva el próximo día 22 para que el Govern de Catalunya expongan en la capital de España la que considera su última oferta para intentar hacer un referéndum acordado es mucho más que un incidente. Es un claro ejemplo del deterioro que vive la democracia en España donde sus partidos más importantes son capaces de boicotear sin ningún reparo un acto político simplemente porque están en desacuerdo con lo que allí se va a exponer.

Ya fue toda una anomalía lo que ocurrió en el Senado donde su presidente Pío Garcia Escudero negó una sala al Govern de Catalunya para que hablaran Puigdemont, Junqueras y Romeva. Hubieran podido hablar, claro está, si el tema no hubiera sido sobre la independencia de Catalunya ya que en el edificio de la calle Bailén se suceden regularmente actos y presentaciones sobre las cosas más variadas, pero sobre el referéndum no. Solo en un ambiente tan extraño y de tantas unanimidades acríticas como el que se vive en muchos sectores oficiales de Madrid aquella negativa puede alcanzarse a entender y el silencio cómplice de tantos sectores intelectuales y sociales ser comprendido.

¡Pero es que ha vuelto a suceder! Y la respuesta ha sido incluso peor. En este caso sobre Carmena que ha cedido a Puigdemont, Junqueras y Romeva un espacio en el centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, con capacidad para unas 270 personas, Y sobre la alcaldesa de Madrid han caído tantos improperios que serían imposible recoger en este artículo. Hubo, no hace tanto tiempo, una anunciada Operación Diálogo por parte del Gobierno de España, que nunca supimos bien en qué consistía porque no llegó a haber oferta alguna. Ahora se ha cruzado un umbral peligroso: no es, en contra de lo que se propaga en Madrid, el deseo de una parte muy mayoritaria de la sociedad catalana –que las encuestas cifran entre el 70 y el 80%– de celebrar un referéndum. Sino tratar de impedir a sus representantes legítimos al máximo nivel que puedan trasladar a la opinión pública la posición política de aquellos a los que representan. Digámoslo claro: amordazar el derecho de expresión del Govern de Catalunya.

Y es un hecho muy grave. Solo desde la estulticia podía actuarse así. Convertir una simple conferencia de los máximos representantes de Catalunya con la única arma de la palabra en una guerra sin cuartel para impedir que llegue a hablar en el local municipal y se retrotraiga de su decisión no es solo un desaire a las autoridades democráticas catalanas. Es uno de los actos más penosos, tristes y lamentables protagonizado por sus más destacadas fuerzas políticas parlamentarias.