Como nos han demostrado los atentados de Barcelona y de Cambrils a los catalanes y, en los últimos años, los de París a los franceses, los de Londres a los ingleses, los de Oslo a los noruegos, los de Estocolmo a los suecos, los de Moscú a los rusos, los de Bruselas a los belgas y en tantas otras ciudades como Madrid, Niza, Berlín o San Petersburgo, es muy difícil, prácticamente imposible, estar a salvo de lo que ya se ha convertido en la barbarie planetaria del terror y que no es otra cosa que el terrorismo yihadista. El cambio de siglo incorporó a nuestras vidas un grado de incertidumbre en materia de seguridad como nunca antes se había conocido. No hay un lugar, grande o pequeño, urbano o rural, donde con muy pocos medios no se pueda cometer un atentado utilizando falsamente el islam y la religión.
De ahí la importancia de la coordinación en materia de seguridad entre las policías de los diferentes países. Eso, en Europa, tiene un nombre: Europol, el órgano encargado de luchar contra la delincuencia en el seno de la Unión Europea. No es baladí, por tanto, tener acceso a esta información para poder así mejorar, entre otras cosas, la eficacia en materia de prevención y lucha contra el terrorismo. Los atentados de Barcelona y Cambrils y la manera como han resuelto la crisis los Mossos d'Esquadra han planteado un tema antiguo pero que se daba por seguro que ahora tendría una solución diferente: el acceso de la policía catalana a los centros de información de Europol. En un primer instante, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría trató de tirar pelotas fuera, señalando que la entrada o no de los Mossos dependía de Europol. Pero la portavoz de la agencia, Tine Hollevoet, ha devuelto la pelota elegantemente al verdadero terreno de juego: es un asunto del Estado español que debe resolverse dentro de España.
Resolverse o no. Porque la decisión del Gobierno español es inflexible: solo el Cuerpo Nacional de Policía estará representado, ya que es asunto de los estados. Después de quince muertos en Barcelona y Cambrils la respuesta no solo es políticamente un error sino humanamente incomprensible. ¿Acaso puede dudar el Gobierno español de la policía catalana hasta el extremo de que tengan que trabajar faltos de información precisa para proteger la vida de los catalanes? Da la casualidad que, en Catalunya, y más allá de las competencias, la única realidad es que en todo el territorio solo está desplegado el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Mal asunto, cuando se plantea a los catalanes que su policía solo podrá tener acceso directo y un puesto en la sala de mandos en la que se habla de su seguridad si son un estado. Que una mayor protección por parte de los Mossos solo será posible si Catalunya es un estado... porque el Ejecutivo de Mariano rajoy así lo ha decidido.
Decir eso, después de las lagunas evidentes de comunicación que ha habido por parte de agencias de seguridad extranjeras y de autoridades de otros países que habían puesto en conocimiento de Madrid información relevante que nunca llegó a Catalunya es, en estos momentos, casi una invitación a la independencia. O, mejor, sin el casi.