Por mucho que el círculo de la Operación Catalunya se había ido cerrando en torno a Mariano Rajoy no deja de ser desolador y preocupante conocer a través de documentos y audios que el entonces presidente del Gobierno estaba detrás de la mayor operación ilegal puesta en marcha en democracia contra el movimiento independentista. Es doloroso porque en términos democráticos es realmente inaceptable su participación en una actuación de esta naturaleza, utilizando recursos públicos y sin amparo judicial alguno. Fue a través de la denominada policía patriótica, que ahora se ha confirmado también que no eran un grupo de agentes dispuestos a salvar España, sino un escalón de un entramado gubernamental para destruir carreras políticas, acabar con partidos, sembrar el terror entre la sociedad civil y perseguir aleatoriamente a cualquiera que pudiera responder a un determinado perfil ideológico. Las informaciones que hemos publicado este lunes son demoledoras y han de tener consecuencias.
La gravedad de los hechos es enorme, ya que en política no vale todo. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha intervenido, la justicia ha mirado hacia otro lado y esta especie de patente de corso que se han otorgado PP y PSOE para ayudarse en estas situaciones tiene que acabar. La comisión parlamentaria acordada al efecto en el Congreso de los Diputados no debe ser, ni mucho menos, restrictiva en las comparecencias que se aprueben y debe dejar clara su voluntad de llegar hasta el final. Los socialistas tienen que dar un paso al frente y traducir en hechos las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al referirse a los papeles secretos que hemos publicado en este periódico y a los audios incriminatorios de Rajoy, ha manifestado que hay que llegar a las últimas consecuencias y aclarar uno de los hechos que él mismo definió como de los más lamentables y vergonzosos en la historia de España.
Las irregularidades del Estado contra el independentismo fueron tantas que la ley de amnistía está plenamente justificada
Bienvenido al club de los que desde hace años levantamos la bandera para denunciar la trama política que había detrás de la Operación Catalunya, aunque sea tarde y por necesidades políticas. Tarde porque hace tiempo que había algo más que indicios y las necesidades políticas son más que evidentes, ya que estas revelaciones son también una palanca para trasladar a la opinión pública que las irregularidades del Estado contra el independentismo fueron tantas que la ley de amnistía está plenamente justificada. Alguien ha comentado estas últimas horas en tono irónico, pero a lo mejor no acaba siéndolo tanto, que al final serán Mariano Rajoy y la cúpula de Interior algunos de los que se tendrán que acoger a la ley de amnistía si se acaba pudiendo poner negro sobre blanco en toda su actividad ilegal.
El silencio del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo una vez abierta la caja de los truenos es injustificable. Porque la pregunta incómoda para los conservadores es si validan esta manera de hacer y están dispuestos a colocarse fuera de la ley. En este tipo de cuestiones no hay término medio, a menos que la podredumbre de aquella etapa reciente se quiera tapar y evitar llegar hasta el final. Al gobierno español le corresponde dar, finalmente, un paso al frente y aportar la documentación que pueda conocer y que pueda figurar en sus archivos y esté clasificada. Si desde el Gobierno se rema en la misma dirección que los independentistas afectados, estoy seguro de que acabaremos descubriendo cosas importantes. Porque ningún estado se refuerza fuera de la ley, como se ha querido hacer creer estos años con falsas proclamas patrióticas.