Varias decenas de miles de personas ―90.000 según los organizadores y 10.000 según la Guardia Urbana― han protagonizado este domingo en Barcelona la primera protesta contra la ampliación de la tercera pista de el aeropuerto de El Prat. Ni la retirada del proyecto por parte del gobierno español tras sus diferencias con el ejecutivo catalán ha sido suficiente para desconvocar la protesta, que ha contado con representantes de partidos de ambos gobiernos: los comunes, que cuentan con ministros en el ejecutivo de Pedro Sánchez, y Esquerra Republicana, con la presidencia de la Generalitat en el zurrón y medio gobierno catalán integrado por dirigentes del partido.
El hecho de que ministros y consellers quedaran físicamente al margen de la manifestación de protesta no resta relieve alguno a la significación política del posicionamiento de ERC y los comunes, que junto a la CUP fueron las tres formaciones parlamentarias presentes en la protesta.
Aunque la manifestación de protesta fue una amalgama de partidos y entidades, entre los que se oponen a la ampliación de la tercera pista por las implicaciones que tiene a la hora de evaluar la afectación medioambiental de La Ricarda y los que están en contra de cualquier ampliación, sea del tipo que sea, por sus implicaciones en el medio ambiente, y son partidarios de rebajar la capacidad del aeropuerto de El Prat, los organizadores cumplieron su principal objetivo: mostrar el músculo suficiente para que un acuerdo político para la ampliación sea, con la actual correlación de fuerzas políticas, prácticamente impensable.
La fragilidad del Govern independentista, con dos posiciones bastante diferenciadas, al menos en el inicio del debate el pasado mes de agosto, y la displicencia como Aena y el gobierno español han tratado al ejecutivo catalán, han contribuido también a que los famosos 1.700 millones de euros hayan desaparecido de la mesa de negociación en un plis plas. Mientras Pedro Sánchez, eso sí, daba falsas lecciones de diálogo y negociación.
La manifestación, obviamente, ha conseguido su resultado, que no era otro que sensibilizar a una parte de la ciudadanía de que habrá que estar atentos, ya que aunque la ampliación se haya congelado, puede reaparecer en cualquier momento. El gobierno español también tiene argumentos entre los suyos para trasladar la responsabilidad de la no ampliación al Govern y así, paso a paso, ir ganando posiciones hegemónicas en el espacio no independentista. Se ha visto bien claro estos días. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos han tenido papel alguno y todo el protagonismo mediático ha sido del PSC. El Govern, en cambio, arrastra en este tema los pies entre el quiero y no puedo y los manifestantes por un lado y los sectores económicos por otro.