Por más que pueda hacerse el sorprendido, Pedro Sánchez lo tiene francamente difícil para sacar adelante el estado de alarma de seis meses que anunció el pasado domingo. Sus llamadas a la responsabilidad han caído, por ahora, en saco roto ya que la mayoría de partidos no han picado el anzuelo que les lanzó y el cheque en blanco que les pidió. Los seis meses de estado de alarma de una tacada están muy por encima de lo que necesita una situación como la actual en que los contrapesos entre gobierno y Congreso de los Diputados tienen que seguir funcionando aunque la pandemia del coronavirus haya hecho verdaderos estragos. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya lo han considerado un plazo exagerado, igual que Ciudadanos, y el PP ha hablado de ocho semanas a lo sumo. Veremos hasta dónde llega la resistencia de unos y de otros aunque hay en juego mucho más de lo que pueda parecer y el presidente del gobierno español no se ha hecho merecedor de un gesto de tanta confianza política por parte de sus socios puntuales o de la oposición.

Porque, en definitiva, los problemas de estabilidad política que padece el Gobierno desde el inicio de la legislatura no pueden caer sobre las espaldas de los ciudadanos. Es muy pesado ir cada quince días a negociar, que es lo que se hizo la pasada primavera. Para el Ejecutivo español se llegó a convertir en un auténtico via crucis. Pero no por ello se debe aceptar que Sánchez tire por el camino de en medio cada vez que tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo. Ya lo intentó hace una semanas con la propuesta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que anunciaron socialistas y Podemos y que consistía en rebajar las mayorías de dos tercios en el Congreso a una simple mayoría absoluta con la excusa del bloqueo que practica desde hace tiempo el Partido Popular. Hasta la Comisión Europea le llamó la atención por cambiar las reglas de juego a mitad del partido y Sánchez aprovechó la moción de censura que le presentaron Vox y Santiago Abascal para retirar la propuesta discretamente. Ahora se ha vuelto a sentar nuevamente con el PP, una vez Pablo Casado ha vuelto a recuperar los galones de jefe de la oposición y no deja de recibir parabienes de la izquierda por su distanciamiento, provisional o no, de Vox.

El estado de alarma, se dijo en marzo, es un instrumento excepcional que obliga al Gobierno a utilizarlo con cautela y con la mayor provisionalidad posible. Se dijo entonces y se comprometió la vicepresidenta Carmen Calvo a modificar la legislación ordinaria para que no se tuviera que acudir al estado de alarma. Nada se ha hecho al respecto y se ha vuelto a enredar al personal. Vamos, como con la mesa de diálogo entre los dos gobiernos de la que ya nadie habla porque ese era el objetivo de Sánchez cuando firmó el documento: hacerse con los votos necesarios para la investidura y marear la perdiz. Fue tan así que su fiscalía, esa que dijo en campaña que seguía sus órdenes, fue implacable con el president Quim Torra y no paró hasta que le inhabilitó.

Resumiendo: a Sánchez, los votos gratis las menos veces posibles y durante el tiempo más corto posible. Lo contrario será una vez más un error.