No sé muy bien en qué momento normalizamos como algo común que en una administración no hubiera presupuestos. Porque si vamos a 2024, la foto fue exactamente la misma. Ahora estamos a 21 de enero y ya sabemos que Barcelona no tendrá nuevos presupuestos y se prorrogarán los del año anterior. Lo mismo sucederá en Catalunya, donde la consellera de Economia ya ha tirado la toalla, ante la negativa de Esquerra Republicana a negociar los de este año. Un camino similar se pronostica en Madrid, donde el Congreso de los Diputados no tiene entre sus manos ningún proyecto gubernamental y no hay visos de que la situación cambie, por más contorsiones políticas que haga el gobierno de Pedro Sánchez para aparentar lo contrario. La cuestión no tiene para la ciudadanía glamur alguno, e incluso mediáticamente tampoco atrae la atención más allá de políticos y periodistas. Debe ser, en parte, por la escasa tradición democrática a darle su justa importancia, ya que la ley de presupuestos acaba siendo la que define las políticas que se van a llevar a cabo, qué se hace con el dinero de los ciudadanos y cuáles son las prioridades del gobierno de turno.

Es, por tanto, la ley más importante que tiene en sus manos un gobierno y que tiene que luchar por aprobar a toda costa, ya que visualiza también la estabilidad de un ejecutivo. O, al menos, antes era así. Hoy nadie vincula estabilidad a presupuestos, ya que, en el fondo, también se puede gobernar sin que se aprueben, y no necesariamente peor. Este lunes, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, puso punto y final al trágala en que se estaban convirtiendo sus conversaciones con los comunes después de cinco meses de negociación y más de treinta reuniones. Aunque a la hora de hacer un balance siempre hay argumentos para el acuerdo o para el desacuerdo, lo cierto es que el 'no' de los comunes es básicamente un 'no' político. Por el camino, Esquerra se ha encontrado dando un 'sí' que no ha servido para nada, a menos que se acabe completando con su entrada en el gobierno de la capital catalana. Algo que, en ningún caso, puede suceder antes de que los republicanos finalicen su fase congresual de aprobación de ponencias, en marzo.

Hoy nadie vincula estabilidad a presupuestos, ya que, en el fondo, también se puede gobernar sin que se aprueben, y no necesariamente peor

La gran pregunta que no tiene respuesta hoy es por qué los comunes han acabado haciendo un órdago a Collboni, que, en buena lógica, les condena a pasar toda la legislatura en la oposición. Es fácil concluir, desde la distancia, que esta política de tensión PSC-Comunes mantiene, en el imaginario de una determinada izquierda, hoy desplazada de los centros de poder, que su estrategia es presentar al alcalde Collboni lo más a la derecha posible para que se genere un espacio electoral grande. Siempre he pensado que la exalcaldesa Ada Colau intentaría recuperar el cargo y aunque está prácticamente desaparecida, su legión de seguidores dudo mucho que se haya evaporado. Sobre todo, porque, cuando el tiempo pasa, los fracasos tienden a olvidarse y problemas como, por ejemplo, el de la vivienda, están muy lejos de su solución, por más que Barcelona arrastre su mala gestión en esta y otras materias.

Tampoco tendrá presupuestos el president Salvador Illa, ya que ha sido Esquerra quien ha descartado su aprobación en 2025. A Oriol Junqueras hay que reconocerle, al menos, que ha empezado el año con las ideas claras y que ya sabe el Govern a qué atenerse. El PSC tiene motivos para estar disgustado, ya que avaló siempre los presupuestos que el president Pere Aragonès presentó en 2022 y 2023 con su minoría parlamentaria, aunque los últimos no salieran por la oposición de los comunes. Ahora esperaba un retorno de aquella situación, pero en política la partida se juega siempre pensando más en el futuro que en el pasado y hoy Junqueras tiene temas de más calado, internos y estratégicos, en política catalana y española, que los presupuestos. Illa acabará haciendo de la necesidad virtud, pero a buen seguro no era este el escenario que preveía hace muy pocos meses.

El gobierno español tampoco tendrá cuentas públicas, al menos, con las cartas que hay encima de la mesa. Sin embargo, para Sánchez este es el último de sus problemas, dada su situación de pérdida de mayoría parlamentaria y de casos judiciales que le rodean por todos lados, tanto personales como políticos. Este miércoles, seguramente, Sánchez tomará otra cucharada de aceite de ricino y tendrá que poner buena cara a la derrota parlamentaria. No solo perderá el llamado decreto sobre el impuesto a las energéticas, sino que todo apunta a que tampoco sacará adelante el decreto ómnibus con el que pretendía esquivar un montón de cuestiones y que incluye, entre otras cosas, una revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital, así como ayudas a los usuarios del transporte público y a los afectados por la DANA valenciana. La presión emocional para que rectificaran su voto en contra ha chocado, al menos, hasta esta noche del martes, con las declaraciones del pasado viernes, en que el president Carles Puigdemont señaló que no habría reuniones para negociar temas sectoriales. Sería un nuevo fracaso del gobierno español, pero cada día los reveses en política duran menos.