Un nuevo informe internacional, en este caso de la Comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatović, ha sacado los colores al Gobierno español que, como si la cosa no fuera con él, no deja de acumular amonestaciones una tras otra. Como en los casos precedentes, se cuestiona la interpretación que hace de la libertad de reunión y de manifestación y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes pacíficos.
El informe de Mijatović no puede ser más contundente a la hora de destacar que una manifestación pacífica no puede estar, en principio, sujeta a la amenaza de sanciones penales. La pérdida de derechos y libertades en España en los años del Partido Popular se vio acrecentada con el auge del independentismo en Catalunya y el referéndum del 1 de octubre. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa no supuso la finalización de la represión sino que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuviera la línea de su predecesor, Juan Ignacio Zoido.
Aunque es sabido, porque lo han dicho los líderes republicanos, que la finalización de la represión contra el independentismo forma parte de la carpeta que negocian PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Sánchez, es bueno recordar que la acumulación de descrédito para el Ejecutivo español en esta materia es algo que al deep state español no le hace ni fu ni fa.
Así, el Gobierno español soporta estoicamente la crítica internacional por la falta de libertades. Y hace tiempo que decidió no ponerse colorado por este asunto. La unidad de España, primero.