El litigio entre el govern de Catalunya y el gobierno de Aragón sobre la titularidad de las obras del monasterio de Sijena actualmente en el Museu de Lleida ha entrado en una nueva fase. La Generalitat intervenida por el artículo 155 sirve también para esto y los que avalaron su aprobación en el Senado son tan responsables como el gobierno español: las 44 piezas de Sijena tienen Aragón como su próximo destino. Al final, la carta blanca que dieron socialistas y ciudadanos al ejecutivo de Mariano Rajoy tiene, como se irá viendo, triunfos escondidos y el de Sijena es uno de ellos. ¿Cómo no tendrían que devolver a Aragón en forma de trofeo unas piezas museísticas que se revalorizarán en el futuro en forma de votos en unas elecciones españolas, en las autonómicas aragonesas o en las municipales de aquellas tres provincias?
Si, mientras, el alcalde socialista de la ciudad de Lleida, Àngel Ros, tiene problemas, eso es bastante irrelevante para los populares. Aplaudir el artículo 155 tiene estas cosas: cuando se gira en contra tuya no tienes a nadie que te defienda y eso es lo que le acabará pasando a Ros. ¿Acaso va a ser el ministro Méndez de Vigo sensible a sus preocupaciones? Le ha pasado lo mismo al socialista Pedro Sánchez en Madrid. Después de tanto anunciar que había acordado con Rajoy la apertura de un proceso negociador para reformar la Constitución, el presidente del gobierno español ha rebajado las expectativas casi a cero: el único compromiso es hablar. Poco bagaje, aparentemente, cuando lo que se quería era una España federal y no sé cuantas cosas más. Sánchez aún no ha aprendido que el PP tiene una minoría de bloqueo a cualquier reforma en el Congreso y una mayoría absoluta en el Senado y que, con estas cartas, la partida ha acabado antes de empezar. Lo contrario es hablar por hablar o enredar al personal. El PP no quiere una reforma de la Constitución y las élites españolas tampoco.
Pero volvamos a Sijena. El desalojo del Govern en una interpretación arbitraria de la Constitución ha provocado una situación absolutamente insólita: los cargos han sido asumidos por los ministros y los intereses de Catalunya han quedado sin defensores. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Congelar hasta después de las elecciones catalanas cualquier decisión o dejar a los responsables de la Generalitat que permanecen en sus puestos que adoptaran la mejor opción, que no hubiera sido otra que defender la que se ha venido defendiendo. ¿Qué se ha hecho? Justo lo contrario, e incumplir la legislación catalana. Sijena es tan solo un ejemplo. Un desgraciado ejemplo. La realidad, lamentablemente, siempre es peor que los ejemplos y si uno da permiso para un expolio de esta naturaleza a la vista de todo el mundo, ¿qué no está dispuesto a hacer?