De la Operación Catalunya es muy posible que, pese a lo mucho que ya conocemos, nos movamos aún en la superficie de la que ha sido la operación de estado más burda, pero, al mismo tiempo, más despiadada e ilegal para tratar de acabar con el independentismo. Burda porque hubo quien pensó que poniendo toda la carne en el asador para neutralizar a Jordi Pujol se acabaría con el movimiento. Despiadada porque se coaccionó a tanta gente, se amenazó a gobiernos extranjeros y se hizo daño a personas inocentes que cuesta creer que algunas de las historias sean verdad. E ilegal porque las cloacas del estado camparon literalmente a sus anchas y con un poder total si el objetivo final era desacreditar a las cúpulas independentistas con medias verdades o, la mayoría de las veces, con mentiras.

De entre los daños colaterales ―en una guerra siempre los hay y España planteó la cruzada contra el independentismo catalán como si fuera un tipo de guerra― hubo uno que por no ser español y porque desde el primer momento quiso lavar la campaña en contra que recibió, no se ha achantado. Estamos hablando de los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Higini y Tito Cierco, que eran, a su vez, propietarios del Banco de Madrid.

La ofensiva del estado español les dejó sin ambas entidades en cuestión de días en 2015. En Andorra, un ejecutivo timorato al frente del cual estaba Antoni Martí sucumbió a la presión del gobierno de Mariano Rajoy y los intereses de otras entidades bancarias andorranas hicieron el resto. En Madrid, una entidad con un ratio de saneamiento muy elevado se derrumbó como un castillo de naipes, no sin una actuación del todo injustificada del Banco de España que provocó una huida de capital con el anuncio de la intervención del Banco de Madrid. Madrid y Andorra de la mano para cazar a los Pujol y acabar con el independentismo, que, por otro lado, no ha dejado de ganar todas las elecciones catalanas hasta la fecha y de mejorar sus resultados.

Los hermanos Cierco reclaman a la Audiencia Nacional que el Banco de España les indemnice con 141 millones de euros por provocar la liquidación del Banco de Madrid, una vez ha quedado más que demostrado en los tribunales que las supuestas irregularidades de blanqueo de capitales eran una pura invención, que tenía detrás a la denominada policía patriótica. Es muy probable que los hermanos Cierco ganen el pulso jurídico ya que es obvio que, seguramente, lo que se produjo fue un robo en toda la regla y con objetivos espurios. Todo fue un montaje de las cloacas del estado: Andorra mordió el anzuelo entre amenazas, chantajes y prebendas y sin que aún sepamos en qué orden se produjo todo ello.

La trama andorrana de la Operación Catalunya aún tiene por delante un largo recorrido judicial, incluido el juicio que se producirá en el pequeño país pirenaico y para el que aún se debate si serán citados a declarar, entre otros, el expresidente Mariano Rajoy, los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz y un largo etcétera de miembros de la antigua cúpula de Interior. Veremos qué se acaba decidiendo pero las posibilidades de que no se pueda tapar todo el lodazal que se organizó no son menores.